Los empresarios rechazan obligar a las empresas a establecer el registro de la jornada laboral de sus trabajadores, porque considera que «ya existen mecanismos de control horario» y supone «un cambio hacia lo antiguo». El Gobierno ha señalado que regulará la implantación del registro, aunque no logre el apoyo de la CEOE, «por coherencia».
El registro horario propuesto por el Ejecutivo aumenta la burocracia y los costes empresariales, tiene «problemas reales de aplicación», elimina las medidas de flexibilidad interna y de conciliación y es «de muy difícil aplicación» para las pequeñas y medianas empresas, según la postura de la patronal en varios de los asuntos que se están debatiendo en la mesa del diálogo social.
La ministra ha señalado hoy que, pese a estas reticencias de los empresarios, la mesa de diálogo social está abordando esta medida para cuya implantación cuenta con el acuerdo de los sindicatos y la Inspección de Trabajo, que no tiene herramientas para controlar las empresas a las que investiga por presunto fraude en los contratos a tiempo parcial.
«Por coherencia vamos a sacarlo adelante, a ser posible por unanimidad», ha dicho, al tiempo que ha añadido que apuesta por sacar adelante los asuntos por consenso, porque así son más duraderos», ha señalado en un desayuno con El Economista. La ministra ha defendido la necesidad de regular el registro horario, porque sin él es difícil que haya un control horario estricto, no se puede saber si un trabajador está «fuera de su horario de trabajo», haciendo horas extra sin remunerar y cotizar por ellas.
No obstante, ha reconocido que «puede ser difícil llegar a un acuerdo con la patronal», ha dicho Valerio, que está dispuesta a dar un tiempo para que se reorganicen internamente a CEOE y Cepyme, que han pasado por sendos procesos de relevo en sus cúpulas.
Una vez que se ha sometido a negociación, el Gobierno luego tiene que gobernar», ha dejado claro, y ha recordado que este asunto ya está tramitándose en el Congreso de los Diputados, a través de una iniciativa parlamentaria presentada por el grupo socialista, por lo que «nos lo tenemos que trabajar mucho para lograr los apoyos necesarios», ha dicho.
Respecto al despido colectivo, los empresarios quieren «eliminar la obligación de aportación al Tesoro Público de las empresas con beneficios en los despidos colectivos que afecten a trabajadores de más de 50 años», medida conocida también como ‘enmienda Telefónica, que tiene su origen en las prejubilaciones masivas que la compañía realizó en 2011 y que acabaron afectando a más de 6.500 personas.
En concreto, en la reforma de pensiones de 2011, el Gobierno del PSOE estableció que las empresas de más de 500 trabajadores que presentaran un despido colectivo que afectara a trabajadores de 50 años o más, habiendo tenido beneficios en los ejercicios anteriores, tendrían que hacerse cargo del pago por desempleo y de parte de las cotizaciones.
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