Una encuesta del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) revela que alrededor de seis de cada diez españoles considera que la oferta pública de servicios y prestaciones no justifica el pago de impuestos. La encuesta muestra que el servicio público más valorado es la sanidad, pero a la vez es el que más mejoras necesita. El 86% de los consultados cree que el fraude fiscal ha aumentado en la última década y que los empresarios y los autónomos son los que más engañan al fisco.
Una lectura a la encuesta sobre las Opiniones y actitudes fiscales de los españoles en 2017 arroja un panorama desolador para las autoridades públicas. «La mayoría de los encuestados considera que prácticamente toda la oferta pública está deficientemente gestionada», señala en sus conclusiones. El paisaje que refleja la consulta, que elabora y publica cada año el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), muestra un país donde sus ciudadanos confían poco en sus políticos. En general, creen que pagan muchos impuestos para los servicios que reciben y que el fraude fiscal está generalizado en España, pese a que nadie confiesa cometerlo.
Pero al desentrañar los detalles de la encuesta afloran algunas luces. La mayoría de los encuestados cree que la sanidad es el servicio público que más justifica el pago de los impuestos. Los ciudadanos preguntados por el IEF advierten que también es el servicio que presenta más margen de mejora. El 93% de los hogares españoles recurrió a servicios sanitarios durante el año pasado, el servicio público más demandado con diferencia. Le siguen las infraestructuras (el 87%), y los transportes (75%), que han aumentado su uso en los últimos tres años. La educación, colegios, institutos y universidades solo fueron utilizados por un 46% de las familias.
Respecto al grado de satisfacción de los usuarios, «la sanidad, las infraestructuras, los transportes y la educación son los que obtienen los índices más altos», señala el informe. El 67% de los usuarios están bastante satisfechos por el servicio sanitario que reciben. El mismo índice para las infraestructuras y similar para los transportes y la educación.
En resumen, aunque los españoles creen que los servicios públicos están mal gestionados confían en el Estado de bienestar que ofrecen los poderes públicos. Pese a todo, más de la mitad de los entrevistados (el 65,3%) cree que la oferta pública de servicios y prestaciones públicas no ha mejorado en los últimos cinco años o, incluso, ha empeorado.
Otro de los asuntos que analiza la encuesta es si los impuestos que pagan los ciudadanos están justificados por el nivel de servicios y prestaciones públicas. La mayoría de expertos recuerda que para que un estado pueda tener una presión fiscal elevada, como ocurre con los países nórdicos, las instituciones públicas deben ganarse el respeto y la credibilidad de sus ciudadanos. El 64,8% concluye que la oferta pública actual en España no justifica el pago de impuestos. Esta creencia crece, sobre todo, a partir de la crisis financiera, según la serie histórica del IEF. «La mayoría de los entrevistados ha venido manifestando que los impuestos que se pagan son poco o nada adecuados en relación con los servicios y prestaciones que se reciben», señala el documento.
Tras ese sentimiento se esconde la percepción de fraude fiscal. El 66% de los encuestados considera que el grado de cumplimiento fiscal ha empeorado en la última década. «Entre los ciudadanos entrevistados en 2017 predomina la percepción relativa a un aumento del fraude fiscal en la última década».
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