El Banco de España calcula que el crecimiento económico entre octubre y diciembre fue del 0,6 %, lo que supone mantener la tasa registrada en los tres trimestres anteriores, gracias a la fortaleza de la demanda interna por el elevado ritmo de avance del consumo privado. Según su último informe trimestral de la economía española, este incremento del consumo ha tenido lugar en un contexto de mejora sostenida del empleo, gracias al efecto expansivo sobre las rentas de los hogares de las medidas fiscales y, más recientemente, del retroceso de los precios del petróleo.
El informe destaca también una «cierta mejoría tanto de las exportaciones de bienes como de servicios turísticos», tras la debilidad mostrada a lo largo del año, de forma que la aportación de la demanda externa ha dejado de restar para ser nula. El Banco de España atribuye la pérdida de dinamismo del sector exterior experimentada en los últimos trimestres, principalmente, a la pérdida de fortaleza de la demanda procedente del resto del mundo.
Respecto a la inflación, el informe revela que el componente subyacente comenzara a repuntar, cambiando la trayectoria relativamente estable de los últimos meses, un comportamiento en el que «el anunciado aumento del salario mínimo no tendría, por sí solo, un impacto alcista significativo». Esto se debe a que, en términos de costes laborales unitarios, el repunte del crecimiento salarial medio «se verá compensado por otro de similar magnitud de la productividad, dado el impacto que la medida tendría en términos de destrucción de empleo».
El Banco de España destaca algunas las políticas económicas pueden realizar una contribución significativa a la reducción del grado de vulnerabilidad: «El diseño de una estrategia bien definida para la reducción duradera del déficit público estructural y del endeudamiento de las Administraciones Públicas ayudaría a crear cierto margen de maniobra para que la política fiscal pueda hacer frente a las consecuencias de una eventual ralentización de la actividad y a limitar un eventual encarecimiento del coste de financiación de los agentes públicos y privados», asegura.
Además, asegura, «resulta oportuno mantener y reforzar los principales elementos del actual marco jurídico del mercado de trabajo que favorecen que el ajuste en este mercado sea compatible con una menor destrucción de empleo durante las fases recesivas, así como la eliminación de las regulaciones que limitan la competencia en algunos mercados de productos».
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