El Gobierno logró aprobar este jueves en el Congreso de los Diputados su nueva senda de déficit, más expansiva que la vigente, gracias al apoyo de última hora de los grupos independentistas catalanes. Las intensas negociaciones de los últimos días con el PDeCAT y ERC sobre el Consejo de Ministros que se celebrará este viernes en Barcelona y de la reunión que el presidente del Gobierno mantendrá esta tarde con el responsable del Govern catalán, Quim Torra, se han traducido en votos favorables que se sumaron a los de Unidos Podemos, Compromís o PNV.
El Gobierno se apunta así una de sus mayores victorias en el Parlamento, logrando reeditar el consenso de la moción de censura que le aupó al poder y abriendo ligeramente la puerta a la posibilidad de tramitar los Presupuestos Generales de 2019. A efectos prácticos, sin embargo, el hito de ayer fue meramente simbólico. Los populares siguen teniendo derecho de veto en el Senado, donde gozan de mayoría absoluta, que previsiblemente tumbará definitivamente la nueva senda en la votación de la próxima semana.
Aunque el PSOE, Unidos Podemos o ERC han impulsado una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para acabar con la potestad de veto extraordinaria del Senado a la senda fiscal, su tramitación ha sido retrasada por PP y Cs, por lo que sigue pendiente de aprobación. El Gobierno, por tanto, se verá condenado a presentar en enero los Presupuestos Generales de 2019 que ha pactado con Podemos adaptados a la senda fiscal vigente, que recorta el margen de gasto en unos 6.000 millones de euros frente al planteamiento que aborda hoy el Congreso.
«Si hoy aprobamos esta nueva senda, le mandamos un mensaje a la ciudadanía de que es posible el dialogo la política frente a la confrontación. Si votan ‘sí’, dicen ‘no’ a quienes quieren una España en blanco y negro», ha defendido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero en defensa de la propuesta del Gobierno. Esta supone que el objetivo de déficit pase del 1,3% para 2019 al 1,8% habida cuenta de que el agujero de las cuentas públicas no culminará este año en el 2,2% como había comprometido el Ejecutivo de Mariano Rajoy, sino que lo hará en el entorno del 2,7%.
«Apoyar la senda no es apoyar al Gobierno es aprobar una subida del salario mínimo, de las pensiones o la recuperación de la Sanidad» y del Estado del bienestar que se ha visto mermado durante los años de crisis, ha aseverado Montero.
La ministra ha recordado que la diferencia entre una senda y otra supone un recorte de 6.000 millones de euros en el margen de gasto que impactará fundamentalmente en la Seguridad Social y en las comunidades autónomas. Montero ha instado a los grupos a retratarse en este «baile sin máscaras» en un momento en que partidos como el ultraderechista Vox proponen acabar con el Estado de las autonomías, y decidir si apoyan una senda que fortalece el modelo descentralizado y los servicios sociales públicos.
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