Ayer representaban el 63% de la nueva generación. Un porcentaje que en 2011 se situó en su cota más alta (74%) y que supera el 50% desde 1998. Estas cifras evidencian la gran penetración de la mujer en los tribunales españoles —donde ya representan el 53% de todos los jueces del país—, pero contrastan con su escaso aterrizaje en los altos órganos de gobierno. En los últimos tres años, de más de medio centenar de nombramientos, el CGPJ solo designó a un 21% de mujeres para ocupar las presidencias de las Audiencias Provinciales y de las salas de los Tribunales Superiores de Justicia, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y tribunales militares, según los datos recabados por EL PAÍS a través de los acuerdos de los plenos del Consejo.
«Es un problema que se reproduce en los sistemas judiciales de todos los países», se arranca Gloria Poyatos, presidenta de la asociación Juezas de España, que insiste en que «prevalece una tendencia a designar a hombres». La magistrada lo achaca a que sigue «latiendo un prejuicio de inferioridad intelectual» hacia ellas, a «las que les cuesta el doble llegar a la cúpula». Y también a que, durante su carrera, soportan la carga derivada del cuidado de hijos y otros familiares —el 98% de las excedencias solicitadas para ello en 2017 eran de mujeres—, lo que las coloca en una competición desigual frente a sus compañeros.
Según los datos del CGPJ, solo el 16% de las presidencias de las Audiencias Provinciales recaen en mujeres; y el 18% de las salas de los Tribunales Superiores de Justicia. Solo son juezas un 38% y 14% de los magistrados de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, respectivamente. Y, aunque no forma parte del Poder Judicial, solo son mujeres 2 de los 12 componentes del pleno del Tribunal Constitucional.
«Han transcurrido más de 10 años desde la aprobación de La Ley de Igualdad y, sin embargo, esta norma no ha tenido una aplicación efectiva en el Poder Judicial. Especialmente, en materia de nombramientos de cargos discrecionales», ha denunciado reiteradamente la asociación Juezas y Jueces para la Democracia.
Dentro de la profesión hay voces que argumentan, por su parte, que este déficit se explica porque la mujer se incorporó más tarde a la carrera judicial. «Es cuestión de tiempo», ha argumentado Carlota Alonso, número uno de la promoción que recibió este martes su despacho. Hace 15 años, las mujeres representaban el 43% de todos los jueces del país y sumaban entonces una antigüedad media de 10 años de carrera.
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