Las cuentas presentadas este lunes recogen una dotación de 2.251,38 millones de euros para dicha comunidad, lo que supone un 66,7% más que los 1.350 millones que se le asignaron en 2018. El movimiento eleva el porcentaje que recibe Cataluña de toda la inversión autonómica desde el 13,5% al 18,5%, acercándola al 19,2% que le correspondería por su aportación al PIB, que es lo que fija el Estatut.
En concreto, el Presupuesto recoge una inversión real de 2.051 millones para la región, el 16,8% del total, a los que se suman 200 millones de euros para cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo que detectó un déficit inversor en las infraestructuras catalanas. Además, como resultado de la negociación bilateral abierta entre Hacienda y el Govern, este último monto será licitado directamente por la Generalitat.
De esta forma, Cataluña pasa a ser la región que más recursos recibe, superando los 2.132,77 millones de Andalucía, y casi duplicando los 1.249,25 de Madrid. Montero aseveró, no obstante, que el Gobierno se ha limitado a cumplir la ley y ha respetado todos los estatutos que fijan las dotaciones regionales, lo que incluye a Andalucía, Aragón, Baleares, Extremadura o Castilla y León, citó. En todo caso, la ministra dejó la puerta abierta a elevar aún más la aportación a Cataluña si así lo acuerda el Parlamento, dejando margen adicional para negociar.
Las cuentas de Sánchez, en todo caso, no solo son expansivas con Cataluña. De hecho, destinan 2.000 millones más a las autonomías y recogen el mayor incremento del gasto público desde que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pusiera en marcha el programa de fomento económico con inversión pública conocido como Plan-E, hace casi una década. En total, Sánchez eleva un 5,3% el gasto del conjunto del Estado, hasta los 345.358 millones, el 57% de los cuáles iría a políticas sociales como ayudas a la dependencia, el aumento de cinco a ocho semanas de los permisos de paternidad (con un coste de 825 millones) o la oferta de 20.000 viviendas de alquiler social.
A falta de ver si el Congreso permitirá tramitar las cuentas en la votación del 13 de febrero, estos anuncios abonan la precampaña electoral de las elecciones locales, autonómicas y europeas del 26 de mayo. Comicios para los que se reserva una partida de 177 millones.
A fin de compensar semejante incremento del gasto, bajo el objetivo oficial de rebajar el déficit del 2,7% al 1,3%, el Ejecutivo ha previsto un incremento de la recaudación tributaria del 9,5%, hasta los 227.356 millones. Eso supone aumentar los ingresos en 20.000 millones frente a la liquidación provisional de 2018, si bien la reforma fiscal de Montero solo aspira a recaudar 5.654 millones a costa de las grandes empresas, las rentas altas y creando nuevos impuestos a las transacciones financieras y los negocios digitales. El resto, casi 15.000 millones adicionales, se fía al buen tono de la economía, pese a que el Gobierno ha rebajado la previsión de crecimiento al 2,2%, la menor desde 2014.
Hacienda estima que su objetivo de déficit (del 1,8%, que PP y Cs tumbaron) habría permitido crecer al 2,4%. Por eso, Montero abrió la puerta a consentir el incumplimiento de sus cuentas permitiendo más gasto si su objetivo de déficit acaba aprobándose. Por el contrario, no avalar estas cuentas ahondaría el descrédito de la clase política, agravaría la situación de las clases medias y elevaría el déficit al 2,4%, advirtió la ministra, que instó a todas las fuerzas a sentarse a negociar.
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