El malestar que ha generado la reforma fiscal planteada por el Gobierno de Pedro Sánchez entre las grandes empresas españolas se convirtió este miércoles en un clamor. Aprovechando unas jornadas de fiscalidad organizadas por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y la consultora PwC, representantes de BBVA, Telefónica, Iberdrola o la patronal CEOE arremetieron duramente contra el incremento de la recaudación que el proyecto de Presupuestos Generales de 2019 carga a sus espaldas y criticaron el diseño de los nuevos impuestos digital y financiero.
«Los presupuestos generales del estado no son los que necesita la economía española», ha expuesto Iñigo Fernández de Mesa, presidente de la comisión de economía y política financiera de la patronal CEOE. Bajo su punto de vista, «los ingresos están hinchados» ya que solo 5.600 millones de euros los 20.000 de aumento de recaudación previstos corresponden a nuevas medidas tributarias y el resto se fía a la recuperación económica en un momento en que se acentúa la desaceleración.
Fernández de Mesa, que fue número 2 del Ministerio de Economía, ha criticado además que las cuentas se hayan presentado ya iniciado el año y solo vayan a operar a partir de mitad de año, en el mejor de los casos, ahuyentando la inversión y rebajando el incremento de ingresos previstos. No ha mencionado, eso sí, que el Gobierno al que perteneció impulsó en mayo de 2018 los Presupuestos de dicho año.
El representante de la CEOE ha remarcado que el 70% del incremento de impuestos grava a las empresas. A su vez, las críticas de las grandes empresas que han comparecido en el acto se han centrado por su parte en los nuevos impuestos que el Ejecutivo de Pedro Sánchez acaba de impulsar como proyectos de ley.
La defensa de la reforma fiscal le correspondió a Enrique Fernández Dávila, subdirector general de tributación de las operaciones financieras, dependiente de la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda. Este subrayó, por ejemplo, que el nuevo impuesto sobre la compraventa de acciones de empresas españolas cotizadas con una capitalización superior a los 1.000 millones, la tasa Tobin, se ha diseñado siguiendo el ejemplo francés, pero evitando que sea “más desfavorable”.
Así, el tipo establecido es del 0,2%, en lugar del 0,3% galo, y se ha optado también por dejar exentas las operaciones intradías, gravando solo el neto. Es decir, que si un mismo inversor vende y recompra 50 veces la misma acción en un solo día y acaba conservándola no tendrá que pagar la tasa. “Es preferible gravar el neto porque este tipo de operaciones juegan con márgenes estrechos de forma que una cuantía del 0,2%, por pequeña que sea”, podría “matar el mercado” si se aplica a cada operación, dijo.
José María Vallejo, responsable de tributos de BBVA, replicó que esta decisión, tanto en España como en Francia, elimina del diseño del impuesto la filosofía original de usarlo para combatir la especulación financiera pero no evitará que el volumen de transacciones descienda como ya ha ocurrido en el país galo.
Fernández ha replicado que la caída del número de operaciones este año es ya del 10% sin que el impuesto se haya implantado lo que da una idea de la volatilidad del mercado y la imposibilidad de prever el impacto, que alguno tendrá ha reconocido, en la negociación.
Más allá, en todo caso, el responsable fiscal de BBVA ha denunciado el impulso de una estrategia tributaria que tiene por objetivo hacer que la banca sea sometida a más impuestos que el resto de sectores, como ha ido anunciando la ministra de Hacienda.
Bajo su punto de vista, la banca ya hace un esfuerzo superior al resto de sectores de actividad con un tipo de Sociedades superior (29% frente al 25%), otros tributos específicos o las aportaciones a los fondos de garantía de depósitos y de resolución financiera que ya cumplen el objetivo inicial de que las entidades cubran el riesgo de nuevas crisis bancarias.
Durante la jornada también se ha abordado el nuevo impuesto digital sobre determinados negocios digitales, la llamada tasa Google, que grava al 3% la publicidad online, los servicios de intermediación en línea entre empresas y consumidores o la venta de datos de usuarios. La tasa, dirigida únicamente a compañías que facturan más de 750 millones en todo el mundo y al menos tres en España, tiene por objetivo recaudar 1.200 millones al año y ha sido remitido a las Cortes para su tramitación.
Jerónimo Payan, director de tributos de Telefónica ha criticado que este tributo, pensado originalmente para gravar la actividad de gigantes tecnológicos que operan desde territorios con baja fiscalidad podría acabar afectando a firmas radicadas en España que ya venían pagando sus impuestos.
En Austria, ha puesto como ejemplo, las firmas establecidas en ese país están libres de este tipo de impuestos. Payan plantea además que el control tributario será extremadamente complejo porque dependerá de la dirección de Internet IP del usuario. El responsable fiscal de Telefónica advierte además que son las telecos quienes fijan esa IP y se pregunta cuál será su papel en el control tributario o cómo se conjugará con el respeto a la protección de datos.
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