La Comisión Europea ha advertido este lunes de que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, al igual que el borrador que evaluó en noviembre, corre el riesgo de incumplir las reglas fiscales europeas, aunque ha apuntado que no realizará un nuevo análisis en profundidad de las cuentas porque no contiene «diferencias significativas» con respecto al documento preliminar que el Gobierno envió en octubre de 2018.
En una carta, el vicepresidente del Ejecutivo comunitario para el Euro, Valdis Dombrovskis, y el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, se dirigen a las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, y de Economía, Nadia Calviño, para remarcar que los PGE, aparte de revisar a la baja el crecimiento del PIB y «algunos ingresos adicionales que se esperan recaudar», no presenta «diferencias significativas» con respecto al borrador que las autoridades europeas evaluaron en noviembre.
«Esto también significa que las conclusiones de la Comisión Europea sobre el borrador presupuestario adoptadas el 21 de noviembre, incluido el análisis de que hay riesgos en el cumplimiento del ajuste fiscal y de las provisiones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, se siguen aplicando ampliamente», remarcan ambos. Dombrovskis y Moscovici celebran el hecho de que los Presupuestos Generales del Estado incluyan un objetivo de déficit del 1,3% del PIB para este año, frente al 1,8% que recogía el borrador anterior.
Además, remarca que el impuesto sobre los gigantes digitales que quiere implantar el Gobierno en España «está en línea» con las propuestas de Bruselas para imponer el gravamen a nivel europeo, aunque «con algunos matices relacionados con su diseño y dudas sobre su capacidad de recaudación».
Con respecto al impuesto sobre las transacciones financieras, la misiva remarca que la propuesta española es diferente «en algunos importantes aspectos» en comparación con el planteamiento del Ejecutivo comunitario, que tiene «mucho mayor alcance». No obstante, afirma que «a la luz de las propuestas menos ambiciosas» que están discutiendo los países europeos que quieren poner en marcha este gravamen a nivel europeo puede que el diseño final se parezca «en mayor medida» al enfoque español.
Por último, la Comisión Europea aprovecha para pedir al Gobierno la transposición «con carácter de urgencia» de una serie de directivas europeas que todavía no han sido llevadas a la legislación nacional, aunque celebra los avances conseguidos en los últimos meses, en especial con la adopción completa de MiFID II.
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