Aunque el Gobierno tiene la intención de rescatar medidas incluidas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) – vetados por el Congreso – mediante la aprobación de reales decretos ley (RDL) antes de las elecciones del 28 de abril, será el Ministerio de Hacienda el que decida cuáles se aprobarán y se pondrán en marcha y cuáles no.
Así lo indican fuentes del Ejecutivo socialista, que indican que, a pesar de lo que pueda parecer, se toman los posibles incrementos del gasto muy en serio. Solo se aprobarán medidas que tengan coste cero o para las que haya prevista una contrapartida en ingresos.
Este es el caso de los RDL más inmediatos que va a aprobar el Consejo de Ministros y que anunció el propio Pedro Sánchez el fin de semana pasado: el subsidio para los parados de más de 52 años y la cotización, a cargo del Estado, de las cuidadoras no profesionales de dependientes. El coste estimado de estas medidas es de 323 millones y 315 millones de euros, respectivamente. Es decir, que supondrán un gasto adicional total para el Estado de 638 millones.
Sin embargo, esta cantidad no preocupa ni a Hacienda ni al Ministerio de Trabajo. A día de hoy, este gasto extra se compensaría con el incremento de las cotizaciones, y, por tanto, de los ingresos de la Seguridad Social, por la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 900 euros y el incremento de las cotizaciones máximas del 7%, ambas medidas aprobadas el año 2018. Gracias a estas subidas, el sistema contará con más de 2.000 millones suplementarios, lo cual podrá cubrir nuevas medidas adicionales, siempre que vayan con cargo a la Seguridad Social, claro.
En cambio, otras propuestas que estaban incluidas en los Presupuestos quedan en el aire. Según ha podido saber este periódico, el Ministerio de Sanidad ya ha pedido al departamento que dirige María Jesús Montero que dé el visto bueno a la aprobación de un RDL que suprima el copago farmacéutico de pensionistas y familias de rentas bajas. Sin embargo, Hacienda todavía no ha dado su brazo a torcer al respecto, y es muy posible que no lo haga, a no ser que exista una contraprestación a esta medida, que supondría para las arcas públicas perder 320 millones de ingresos.
De esta manera, se cierra el paso a que se puedan resucitar medidas sociales incluidas en los Presupuestos, como el incremento de las becas de educación -150 millones de euros- o subir el permiso de paternidad de cinco a ocho semanas en las Administraciones Públicas – 300 millones-.
En cualquier caso, este peligro no lo correrían otro tipo de propuestas que el Gobierno está valorando aprobar antes de los comicios, como derogar parte de la reforma laboral, posibilidad que el Ministerio de Trabajo todavía maneja, a pesar de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, parecía haberla descartado hasta la próxima legislatura.
Esta inquietud de Hacienda por el gasto está provocada por la prórroga presupuestaria. Al no haberse aprobado los Presupuestos, el déficit se disparará notablemente en 2019. Así lo reconoció la propia ministra Montero tras la votación en el Congreso que provocó que las Cuentas se quedaran en la cuneta parlamentaria, cuando avisó que el déficit se podría ir hasta el 2,4% del PIB este año, cuando el objetivo es del 1,3%. Es decir, 13.000 millones más de lo previsto.
A pesar de ello, la disciplina fiscal no forma parte, por lo pronto, de la campaña electoral de Sánchez, que protagonizó este martes el primer acto del PSOE de cara a las generales del 28 de abril, celebrado en Madrid. En él, el todavía presidente del Gobierno y candidato a serlo en la próxima legislatura hizo hincapié en que tomará medidas en pensiones, mejorará la «red de seguridad» de los autónomos y priorizará las políticas en educación en un potencial segundo mandato.
Tras las presiones realizadas desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Upta), el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social se ha comprometido a la aprobación de la reforma del artículo 11 de la Ley de Medidas Urgentes del Trabajo Autónomo sobre los gastos deducibles, tanto de manutención y por gastos de suministro, para los trabajadores por cuenta propia, en el Consejo de Ministros del próximo viernes 22 de febrero.
«Los autónomos tienen inseguridad jurídica a la hora de deducirse los gastos de manutención por culpa de la mala redacción de la Ley de Medidas Urgentes del Trabajo Autónomo», aclara Abad. La reforma, que cuenta con la aprobación de los partidos políticos, acabará con la brecha fiscal que existe entre las sociedades y los autónomos.
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