Los jubilados españoles han visto cómo su pensión se incrementó en febrero en 65,14 euros más respecto a la nómina que percibieron en el mismo mes de 2018, producto de las tres subidas efectuadas por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez desde que llegase a La Moncloa en el mes de junio del pasado año, si bien dos de ellas ya estaban pactadas por el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy y comprometidas en el Presupuesto General de 2018, hoy prorrogado.
Concretamente, se trata de los incrementos efectuados el 1 de agosto de 2018 -incluido en el Presupuesto del PP, pero aplicada por el Gobierno socialista tras la moción de censura- por la cual se incrementaban todas las pensiones el 1,6%, además del 3% para las mínimas y la subida de la base reguladora de las pagas de viudedad del 52 al 56%.
Se trata de un alza similar al de la segunda subida experimentada por los pensionistas el 1 de enero de 2019, con la diferencia de que las pensiones de viudedad aumentaron su base reguladora del 56% al 60%, si bien es un gasto que ya se fijó en el pacto de PP y PNV para las Cuentas de 2018 aún vigentes.
La última de las subidas es la realizada la pasada semana, de un 0,1% para el conjunto de todos los pensionistas en compensación por la desviación del IPC de 2018, y que es el único incremento que se puede arrogar el Ejecutivo socialista ya que emana del Real Decreto-Ley con medidas urgentes de gasto social aprobado en el último Consejo de ministros del pasado año y convalidado por el Congreso a finales del pasado mes de enero.
Con todo ello, los jubilados han visto incrementar la renta de su pensión hasta situarse en una media de 1.142,66 euros en febrero -teniendo en cuenta los 13 euros de media por pensión a cuenta de la compensación del IPC- desde los 1.077,52 euros que percibían en el mismo mes de 2018 (65,14 euros más). De este modo el colectivo disfruta hoy de una pensión un 5,7% mayor que hace un año.
Doce meses después, desde febrero de 2018, también los beneficiarios y beneficiarias de una pensión de viudedad han visto como su nómina ha engordado en 68,49 euros, lo que supone un alza interanual cercano al 9,6 por ciento. Sin embargo, estos incrementos beneficiosos para los perceptores de las pagas a su vez suponen una amenaza para la estabilidad de la Tesorería de la Seguridad Social.
El propio secretario de Estado del ramo, Octavio Granado, criticó recientemente que estos gastos comprometidos por el PP -a los que hay que sumar la partida de 123,4 millones por la desviación del IPC- no cuentan con un asiento económico en el Presupuesto prorrogado, por lo que podría poner contra las cuerdas el desempeño financiero del Sistema más allá del déficit previsto para este año en torno a los 18.650 millones de euros.
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