Tras dos décadas de vida del euro, la mitad de los 19 países de la moneda única siguen adoleciendo de profundos desequilibrios. Entre ellos, España, pero también las otras tres grandes economías de la zona euro: Francia, Alemania y, sobre todo, Italia. Como avanzó el domingo, a pesar de cinco años de crecimiento “sólido”, la Comisión Europea advierte a España en el informe del llamado semestre europeo de que los “grandes volúmenes de deuda externa e interna”, tanto pública como privada, siguen constituyendo su principal fuente de “vulnerabilidad” en un “contexto de elevado desempleo” y le pide «más esfuerzos» para enderezar sus cuentas públicas. Aun así, el foco de Bruselas sigue estando en Italia, Grecia y Chipre, cuyos desequilibrios considera “excesivos”.
La Comisión Europea, como viene haciendo en todos sus informes, resalta la expansión que viene experimentando la economía española en los últimos años. Sin embargo, en su evaluación sobre el progreso de las reformas estructurales y la corrección de los desequilibrios, sigue hallando varias asignaturas pendientes. España ha hecho progresos, pero los niveles de endeudamiento siguen altos y necesita seguir registrando superávit por cuenta corriente durante “un periodo prolongado de tiempo” para que su financiación exterior baje hasta “niveles prudentes”. Al mismo tiempo, la Comisión requiere “más esfuerzos” para llevar a las finanzas públicas hacia una senda más sostenible y le señala todo el recorrido que le queda en el terreno laboral, donde la temporalidad se ha generalizado, y social, donde España sigue sufriendo elevadas tasas de temporalidad y ciudadanos en riesgo de pobreza y exclusión social.
Bruselas también critica el elevado desempleo, la lentitud en la ejecución de políticas para aumentar el crecimiento potencial de la economía española y las carencias en investigación e innovación y la regulación empresarial. En su informe específico por países, además, señala la elevada tasa de desigualdad y de población en riesgo de pobreza como uno de los principales legados de la Gran Recesión que todavía debe afrontar España, entre otros motivos por el uso generalizado de contratos laborales temporales.
A España, pues, se le acumula la resolución de desequilibrios. En parte, porque “la velocidad” de las reformas se ha ralentizado desde 2014 y, en concreto, por la situación “cambiante” que vive España con el cambio de gobierno en 2018 y la convocatoria de elecciones para abril. Es más, el ejecutivo comunitario aprecia en el informe incluso “un cierto retroceso”, particularmente en el área de las pensiones. La Comisión Europea avisa de que el Presupuesto de 2018 implicó la “desviación” respecto a “dos elementos clave” de la reforma de 2013: el mecanismo de revisión anual para actualizar las pensiones durante 2018 y 2019 y el llamado factor de sostenibilidad, aparcado hasta 2023. Bruselas advierte de las consecuencias de esas medidas para la sostenibilidad de la deuda a medio y largo plazo y concluye que, en caso de que se vinculen las pensiones con el IPC, el gasto aumentará lo equivalente al 4% del PIB en 2050.
El examen también disecciona la cara y la cruz de la subida del 22,3% del salario mínimo. Y si bien por una parte considera que será un elemento que modere el ritmo de crecimiento del empleo, también servirá para amortiguar el riesgo de los trabajadores de hallarse en riesgo de pobreza. Según la Comisión, alrededor del 11% de los empleados españoles percibirán el salario mínimo interprofesional, en comparación con el 4% que lo percibía en 2017. Pero esa proporción varía según las comunidades: desde el 3% de Navarra al 18% de la Comunidad Valenciana.
Powered by WPeMatico