El Pleno del Congreso ha validado este jueves, con votos del PP, PSOE y Unidos Podemos, el dictamen elaborado por la comisión de investigación de la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro. En su última votación antes de la disolución de las Cortes Generales provocada por la convocatoria anticipada de elecciones generales, el Congreso ha aprobado este dictamen con el apoyo de toda la Cámara, salvo Ciudadanos, que ha votado en contra.
El dictamen ha sido aprobado por el Pleno en los mismos términos en los que salió de la comisión, ya que ninguno de los votos particulares presentados por PP, PSOE, Unidos Podemos, Cs, ERC y PNV ha conseguido suficiente respaldo. El texto avalado por el Congreso consta de un informe, que relata la investigación parlamentaria realizada, con citas y datos a partir de los documentos aportados por los grupos, un bloque de antecedentes, con la documentación reclamada por la comisión y la relación de comparecientes, tanto los que acudieron como los que no lo hicieron, y un bloque de conclusiones y propuestas de los grupos.
En su informe, el Congreso reprueba la gestión realizada por el Banco de España y el resto de organismos de supervisión, pues considera que «no hicieron frente a sus obligaciones» para actuar contra la burbuja de crédito y la burbuja inmobiliaria. Así, considera que «había herramientas disponibles» para actuar por parte del Banco de España, pero que estas herramientas «no se usaron por falta de voluntad política.
Respecto a su gestión sobre las preferentes, el dictamen señala que el Banco de España «no impidió» su venta pese a que «ya se tenía constancia sobre la aversión a estos productos por parte de los inversores institucionales». Su venta es considerada como «una decisión desesperada de la industria financiera» y «un claro engaño a los consumidores», señala. En sus conclusiones señala que el supervisor, «en lugar de solucionar los problemas del sistema bancario, miró hacia otro lado y contribuyó a ocultarlos».
Además, el informe apunta también a los gobiernos de Felipe González y José María Aznar por la aprobación de diferentes leyes. Al presidente del PP le achacan la Ley del Suelo, que «favoreció el aumento de suelo urbanizable disponible», y al socialista la regulación de fondos de titulización, que permitió que los créditos no figuraran en las cuentas de entidades y así no asumir el riesgo.
También condena «el funcionamiento del modelo de negocio bancario» desarrollado «a lo largo de las últimas décadas» como «una de las causas de la crisis financiera». «Este modelo basaba su crecimiento en la expansión del negocio hipotecario e inmobiliario, tanto en volumen como copando amplios territorios», subraya.
El informe apunta que «la propensión al desarrollo de operativas que aumentaban el riesgo de entidades se daba de manera similar entre bancos y cajas de ahorros, por lo que la asunción de estas malas prácticas se relaciona más con la gobernanza de cada entidad particular que con su forma jurídica y titularidad». De hecho, destaca que también muchos bancos recurrieron a la venta de preferentes.
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