El Gobierno celebrará mañana su último Consejo de Ministros antes de la disolución de las Cortes previa a las elecciones del próximo 28 de abril. El Ejecutivo de Pedro Sánchez apura sus últimos Consejos de Ministros para impulsar reformas en materia económica, como la autoridad macroprudencial, y medidas de marcado carácter social, como la ampliación de los permisos de paternidad.
El Ministerio de Trabajo podría aportar dos grandes novedades en el Real Decreto-Ley sobre Igualdad que pilota la Vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo. La primera y más popular será la ampliación del permiso de paternidad de 5 a 16 semanas, con lo que estos permisos se equipararían totalmente a los de maternidad. Inicialmente, el Gobierno quería implantar esta ampliación aumentando de 5 a 8 semanas en 2019; a 12 semanas en 2020; y a 16 semanas desde enero de 2021. Esta medida tendría un coste de alrededor de 1.200 millones de euros (algo más de 100 millones por semana), por lo que en el seno del Gobierno se estaba discutiendo hoy mismo la posibilidad de ampliar el periodo de transitoriedad de esta ampliación más allá de 2021.
La segunda medida de Trabajo analiza llevar al Consejo de Ministros de este viernes -aunque a esta hora apunta que podría posponerse para la semana de viene- consistiría en la recuperación de la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales de las personas dependientes a cargo del Estado. Sería el Ministerio de Hacienda el que se haría cargo de esta cotización –interrumpida con los recortes de 2012–, abonando con impuestos los poco más de 300 millones que costaría iniciativa al año. Unos 180.000 cuidadores familiares de dependientes podrían beneficiarse de esta cotización, que ahora no abonan (de su bolsillo) ni 10.000 personas.
El Consejo de Ministros dará luz verde a un real decreto ley que contempla la creación de la Autoridad Macroprudencial, una herramienta destinada a evitar futuras crisis. Incluye medidas para reforzar la capacidad de supervisión de la CNMV, el Banco de España y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
Las cuentas bancarias con comisiones máximas de 36 euros al año estarán listas en unas semanas. La ministra de Economía ha firmado hoy la orden ministerial que desarrolla estas cuentas, denominadas básicas, y que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE. Los clientes podrán utilizar las sucursales para ingresar o retirar dinero, dispondrán de tarjeta de débito, podrán sacar dinero sin coste adicional en cajeros y podrán realizar hasta 120 operaciones de pago –léanse, transferencias o recibos– anuales dentro de la Unión Europea a través de internet o presencialmente. Todas las entidades deberán ofertar este producto.
Economía publicará además un real decreto que va más, al establecer que los colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión social puedan acceder a una cuenta de pago básica de forma gratuita. Para determinar si un ciudadano tiene derecho a no pagar nada por su cuenta básica se evaluará la renta y el número de miembros de la unidad familiar utilizando el Indicador de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM).
El Consejo de Ministros aprobará un real decreto ley de acompañamiento a las empresas españolas con medidas urgentes ante un escenario de Brexit. Según la ministra de Industria, Reyes Maroto, pondrá el acento ante un posible Brexit duro. Entre otras medidas, contemplará elementos para garantizar los controles agroalimentarios y regular la gratuidad sanitaria entre España y Reino Unido. También regulará la tarjeta sanitaria para los turistas británicos respecto a la tarjeta sanitaria, con un acuerdo recíproco para que el viajero británico mantenga el acceso gratuito a la Sanidad española y viceversa.
Además, se darán siete meses a aerolíneas como Iberia para definir un modelo y que «no tenga problemas para garantizar la conectividad» entre España y el Reino Unido.
El Gobierno también podría llevar mañana al Consejo de Ministros el nuevo real decreto del alquiler si finalmente consigue apurar la negociación con el resto de fuerzas parlamentarias que apoyaron la moción de censura. El Ejecutivo quiere asegurarse de que cuenta con el respaldo suficiente para que el texto no vuelva a decaer en el Congreso, como ya sucedió con el anterior decreto a finales de enero.
El borrador conocido hasta el momento incluirá la puesta en marcha, en un plazo de ocho meses, de un índice de precios oficial del alquiler, pero no se entrará a controlar las rentas. Los contratos pasarán a ampliarse de tres a cincos años y a siete si el propietario es una empresa. También se aumentan los plazos de preaviso: pasarán de uno a cuatro meses para el arrendador y de uno a dos meses para el inquilino. Las subidas anuales dentro del contrato solo podrán estar indexadas al IPC. El decreto recogerá igualmente medidas que protejan en mayores medidas a las personas que se enfrenten a un desahucio: los juzgados tendrán que avisar de oficio a los servicios sociales para evaluar existe una situación de vulnerabilidad, se amplían los plazos para ejecutar el desahucio, y se tendrá que avisar al afectado del día y la hora exacta.
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