Oxfam Intermón ha difundido este jueves un informe, bajo el título Vía libre: Cómo la UE está a punto de dar carta blanca a los paraísos fiscales más agresivos del mundo, que denuncia importantes ausencias en el listado comenzando por el rechazo de Bruselas a analizar si quiera la inclusión de ningún territorio comunitario. La ONG asevera que los criterios europeos obligarían a incluir en la lista a cinco países de la UE que restan 3.500 millones de recaudación anual a España gracias a su agresiva competencia fiscal.
“Los paraísos fiscales en el corazón de la UE representan más de un tercio de los 600.000 millones dólares -530.160 millones de euros- que se calcula que las multinacionales trasladaron a paraísos fiscales en 2015”, expone Oxfam, que apunta que los criterios europeos obligarían a incluir en la lista de territorios off shore a Irlanda, Países Bajos, Luxemburgo, Chipre y Malta. “La evasión y elusión fiscal de las grandes empresas provocó que Francia, España, Italia y Alemania dejaran de recaudar cerca de 35.000 millones de euros en impuestos tan solo en 2015”, estima la ONG, cuya responsable de Justicia Fiscal, Susana Ruiz, matiza que el 10% del total son recursos que España pierde por culpa de los territorios europeos de baja fiscalidad.
Con estos fondos, ilustra Oxfam, España podría aprobar una renta mínima de inserción para los 617.000 hogares españoles que no cuentan con ningún ingreso y además subir 100 euros las pensiones mínimas no contributivas hasta los 533 euros al mes, por ejemplo.
Ninguno de los cinco países europeos citados, sin embargo, aparecerá en el listado de paraísos fiscales que la UE publicará la próxima semana por el hecho de ser europeos. Al resto de territorios se les incluye en la lista off shore si no son transparentes en materia tributaria o no comparten información automáticamente a demanda de otros países; si aplican una fiscalidad nociva e inequitativa que facilite la atracción de beneficios no generados en el estado en cuestión; o si evitan combatir la evasión y elusión fiscal.
En realidad, la UE creó dos listas: una negra, con los casos que Bruselas considera incontestables, y otra gris, que incluye casos subsanables con cambios normativos. En 2017, la UE señaló como paraísos fiscales indudables a 17 territorios que acabaron reduciéndose a cinco (Samoa Americana, Guam, Samoa, Trinidad y Tobago y las Islas Vírgenes de EE UU) mientras que la lista de vigilancia quedó constituida por otros 63. Muchos de estos han puesto en marcha nueva legislación para abandonar el grupo gris en la nueva edición que se va a publicar.
Los expertos en fiscalidad de Oxfam estiman que la UE aumentará su lista negra en 18 jurisdicciones, pero limitará la gris a 32 más. Además, su previsión es que Bruselas deje fuera de ambos listados a focos habituales de evasión fiscal como las Bahamas, las Bermudas, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Guernsey, Hong Kong, la Isla de Man, Jersey o Panamá, gracias a los cuestionables cambios legales que han prometido realizar (ver despiece).
Más allá, Oxfam considera que la influencia política ha provocado que la UE trabaje con “criterios demasiado laxos” y “un proceso de evaluación deficiente” que deja fuera de la lista negra a países como Suiza, que está en la gris, o a EE UU, que incumple las obligaciones de intercambio de información que se piden al resto, y a Singapur, que no están en ninguna de las listas.
Aunque el adelanto electoral ha dejado en el aire el plan de Hacienda de ampliar la lista de paraísos fiscales que fija España, desde Oxfam instan a los partidos políticos a impulsar iniciativas similares de cara a la próxima legislatura que permitan establecer un listado más ambicioso que el europeo.
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