El gran objetivo de la Agencia Tributaria es mejorar el “cumplimiento voluntario” del contribuyente con sus obligaciones fiscales, defendió ayer su director general, Jesús Gascón, apostando por intensificar la cooperación con las grandes empresas y otros colectivos para mejorar los ingresos públicos. Una vía a explorar, expuso, es la de llegar a acuerdos en los casos judicializados.
Así lo avanzó ayer Gascón, durante su participación en el Congreso Compliance y Buenas Prácticas Tributarias, organizado por la editorial jurídica Lefebvre, en el que reveló que la Agencia Tributaria está debatiendo “una batería de medidas” de calado fiscal con grandes empresas, agentes sociales y profesionales tributarios.
Una es, precisamente, explorar un cambio en la regulación que permita al fisco alcanzar acuerdos con los contribuyentes en los casos que se han derivado ya a los Tribunales Económico-Administrativos o, un paso más allá, cuando llegan a los juzgados de lo Contencioso Administrativo, al igual que ahora mismo se firman actas de acuerdo habitualmente en el estadio anterior, antes de que las reclamaciones de deuda sean judicializadas.
Gascón también defendió la necesidad de que la administración tributaria sea “más proactiva en la publicación de sus criterios”, a fin de que guíen a los contribuyentes en sus actuaciones; habló de agilizar las declaraciones interpretativas que hace la Dirección General de Tributos; y planteó que se desarrolle en España la figura del sujeto pasivo certificado que prevé la directiva europea del IVA. Esto último permitiría a los contribuyentes que cumplan ciertos criterios (como, ilustró, acatar el código de buenas prácticas o los plazos del nuevo sistema inmediato de información SII) tributar a menor coste.
Finalmente, Gascón valoró la oportunidad que brinda la directiva europea DAC6 para regular a los asesores fiscales. Varios representantes de estos, presentes en el foro, manifestaron su inquietud ante el límite al secreto profesional que impondrá la trasposición de una norma que también les obliga a denunciar irregularidades. Finalmente, grandes firmas como Repsol o BBVA instaron a la Agencia a acelerar la estrategia de cooperación con grandes contribuyentes.
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