Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) decidieron renunciar a introducir un impuesto digital a nivel comunitario tras constatar que varios países mantienen su oposición y centrarse en trabajar para lograr una solución global en la OCDE. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) prevé tener conclusiones sobre cómo abordar los retos de la digitalización de la economía en 2020.
Si para final de ese año no se ha conseguido una solución internacional, la Unión Europea deja la puerta abierta a volver a discutir el impuesto a nivel comunitario, indicó el ministro rumano de Finanzas, Eugen Teodorovici. «Lamento que no haya acuerdo sobre el texto de compromiso», dijo Teodorovici, cuyo país preside hasta junio el Consejo de la UE, durante la reunión de titulares económicos de los Veintiocho celebrada en Bruselas.
De nuevo, los opositores a la medida fueron Irlanda, Suecia, Finlandia y Dinamarca, que prefieren una solución global en el ámbito de la OCDE y, además, se muestran en contra de trasladar la carga impositiva al consumo en vez de mantenerla sobre la producción. Esto impide lograr la unanimidad necesaria para aprobar el impuesto.
Esos países insisten en su rechazo a la medida, a pesar de que en diciembre los Veintiocho habían acordado reducir su alcance para gravar solo la facturación por servicios de publicidad de las grandes empresas digitales.
«¿Qué le pasaría al crecimiento global si empezamos a aplicar los impuestos sobre el consumo en lugar de donde se crea el valor añadido? ¿Qué les pasaría a las inversiones en las empresas si empezamos a aplicar impuestos sobre la facturación?», alertó la ministra sueca de Finanzas, Magdalena Andersson, durante el debate.
Este martes, incluso países que apoyaban la propuesta inicial de la Comisión Europea, un impuesto del 3 % sobre la facturación por ciertos servicios digitales de las compañías de internet que facturen más de 750 millones de euros en todo el mundo y más de 50 millones en la UE, mostraron su decepción ante la versión reducida que se debatía hoy.
Fue el caso del ministro griego de Finanzas, Euclides Tsakalotos, quien defendió la necesidad de actuar en el ámbito comunitario antes de que se adopte una medida en la OCDE, pero, al mismo tiempo, reconoció que la propuesta actual ha quedado «tan diluida» que ya «le da igual» si se aprueba o no.
«Vamos a imaginar a un acusado ante un tribunal y el fiscal le propone veinte años de prisión y el tribunal decide que serán diez y luego el tribunal de apelación les condena a cinco años. Por último, el rey o el presidente lo indulta», aseguró, sobre la «cuesta abajo» que percibe con respecto al impuesto digital comunitario.
El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, lamentó que esta es «una oportunidad perdida», pero destacó que el impuesto «no está muerto» y que la Comisión Europea no va retirar su propuesta puesto que, considera, podría servir de base para la negociación internacional y para los países que quieran introducir su propia tasa.
La ministra española de Economía, Nadia Calviño, también habló de «una oportunidad perdida» y afirmó que «merecía la pena» aprobar el impuesto incluso en su versión reducida, puesto que tener un enfoque común habría dado más peso a la UE en la negociación en la OCDE. Calviño señaló que España no renuncia a tener este impuesto a nivel nacional en el futuro.
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