Banco Santander ha presentado alegaciones en la consulta pública lanzada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) al documento Abordando los desafíos tributarios de la digitalización de la economía, en el que esta organización establece alternativas para adaptar el sistema tributario a la nueva economía digital y avanzar en un impuesto sobre servicios digitales, bautizado popularmente como tasa Google.
El organismo presidido por el mexicano Ángel Gurría celebra este miércoles y jueves unas jornadas para analizar las alegaciones presentadas por los grupos de interés (stakeholders) y tratar de avanzar en el nuevo sistema tributario para la economía digital.
En sus alegaciones, Santander señala que «todas las empresas deben pagar su parte justa de los impuestos allí donde hacen los beneficios para que los gobiernos puedan prestar los servicios públicos y seguridad a los ciudadanos». Y añade: «Apoyamos una solución basada en el consenso para los derechos de asignación de impuestos a través de un marco que sea justo, equitativo, coherente y consistente, fácil de implementar y de administrar por parte de las empresas y las autoridades fiscales. Este marco debería incluir medidas para prevenir la doble imposición y un instrumento robusto para solucionar conflictos». Santander destaca la importancia de que se cumpla el calendario previsto por el grupo de trabajo para que en 2020 se alcance un consenso sobre una solución a largo plazo para los retos derivados de la digitalización de la economía.
La presidenta del Santander, Ana Botín, se ha mostrado contundente sobre la necesidad de que las grandes tecnológicas paguen impuestos. En sus últimas intervenciones públicas ha cargado contra estas por «no pagar una parte justa de impuestos» y ha reclamado un marco fiscal justo para que cada sector pague en función de donde genera sus beneficios. «No pido que se graven las actividades digitales; abogo por un sistema fiscal justo y equitativo, que exista reciprocidad, es decir, que, a iguales servicios, se tengan las mismas reglas en todos los sentidos. Abogo por tener las mismas obligaciones independiente de quién seas», dijo el pasado noviembre.
Santander es la única gran empresa española que ha presentado alegaciones al documento de la OCDE y ha participado en este proceso para crear un marco común sobre la tributación digital. Un total de 212 grandes empresas, consultoras como las big four (KPMG, Deloitte, EY y Pwc), despachos de abogados, lobbies para reducir la presión fiscal sobre las empresas o para elevarla han presentado alegaciones al documento de la OCDE. Santander es la única gran empresa española que ha participado en este intercambio de opiniones con la OCDE, que se ha convertido en el impulsor de la nueva fiscalidad internacional. Entre las empresas digitales que han presentado mejoras u objeciones a la propuesta del organismo presidido por Ángel Gurría figuran Booking, Uber, Blablacar, Spotify, Zalando, la farmacéutica AstraZeneca, Carrefour, la IATA, Procter&Gamble, Vodafone o Volvo.
El documento de la OCDE fue presentado el pasado 13 de febrero y, en síntesis, presenta tres propuestas para gravar a las denominadas GAFA (Google, Amazon, Facebook y Apple). La dificultad de que las grandes empresas digitales aprovechen los vericuetos de las legislaciones de los diferentes países para reducir al mínimo su factura fiscal, o la complejidad de definir las características del negocio digital ha llevado a la OCDE a proponer tres alternativas para hacer tributar más a estas empresas. «En este documento de consulta, que presenta una serie de propuestas que podrían formar parte de una solución a largo plazo para los desafíos más amplios que surgen de la digitalización de la economía y las cuestiones pendientes del BEPS (el acrónimo en ingles de Erosión de Bases Imponibles y Traslado de Beneficios). Las propuestas se encuentran en la fase de diseño de políticas y, por lo tanto, su descripción se ha mantenido en un alto nivel», señala el informe de 32 páginas de la OCDE.
La primera propuesta consistiría en basar el impuesto en la “participación del usuario”. Esta propuesta se centra en el valor creado por ciertas empresas altamente digitalizadas mediante el desarrollo de una base de usuarios activa y comprometida, y la solicitud de contribuciones de datos y contenido.
La segunda propuesta consiste en tributaria los «intangibles de marketing» o publicidad. Al igual que la propuesta anterior, cambiaría la asignación de beneficios y las reglas de nexo. Pero a diferencia de esta no se pretendía que se aplicara solo a un subconjunto de empresas altamente digitalizadas. En su lugar, tendría un alcance más amplio en un esfuerzo por responder al impacto más amplio de la digitalización en la economía.
Y la tercera, basada en la «presencia económica significativa». Esta propuesta busca definir el concepto de «presencia económica significativa» para hacer tributar a las empresas allí donde generen sus negocios. «Esta propuesta está motivada por la opinión de que la digitalización de la economía y otros avances tecnológicos han permitido a las empresas comerciales involucrarse en gran medida en la vida económica de una jurisdicción sin una presencia física significativa», señala el documento.
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