El debate de las pensiones permanece vigente sobre tres ejes: suficiencia, equidad entre generaciones y sostenibilidad financiera. Y precisamente sobre este último aspecto se vislumbraron algunas previsiones poco halagüeñas a tenor de las proyecciones demográficas y de la actual configuración de los factores paramétricos que determinan la cuantía del gasto en pensiones a clases pasivas. En este sentido, el investigador asociado de Fedea y profesor colaborador de Economía Aplicada de la URJC, Miguel Ángel García, explica que, ante una vinculación perpetua de las pensiones al avance de la inflación, y ante una revalorización media anual del 1,6%, el gasto extraordinario se traduciría en un coste de 1.500 euros al año para cada español.
Así lo reflejó el profesor durante su intervención en la jornada sobre «El futuro de las pensiones» que tuvo lugar este martes en Madrid y donde se pusieron sobre la mesa los retos que afronta el sistema público español, en un contexto de elevado déficit en las cuentas de la Seguridad Social, donde además elevó este coste para el ciudadano a los 6.300 euros anuales para el año 2050. En este sentido, el investigador asociado de Fedea asegura que «el sistema actual con todas las características no es sostenible si no se incurre en una desigualdad intergeneracional».
En este sentido, el debate se centró en los efectos que puede tener sobre las cuentas públicas la decisión de ligar pensiones e inflación y cómo se puede sustanciar en el caso español. A partir de este razonamiento del profesor García, que en otros términos monetarios supone la elevación de un 23% del IRPF, el secretario general de Ocopen, Manuel Álvarez Rodríguez, esbozó una alternativa a la vinculación con el IPC que sin implicar un recorte de las pagas a través de la progresiva pérdida de poder adquisitivo por efecto de la inflación si proyecta un avance del gasto más moderado y acorde con los ingresos recaudados por la Seguridad Social. Concretamente, se trata de ligar el avance de las pensiones a la evolución de los salarios.
Una opción esta última que parece totalmente razonable, toda vez que el volumen de ingresos de la Seguridad Social depende de las retenciones en la nómina de los trabajadores, los cuales marcan la capacidad del Sistema para afrontar los compromisos de gasto adoptados con las clases pasivas. De hecho, el experto actuario de previsión social complementaria de Ocopen, apunta a una reversión de la situación deficitaria de las pensiones a través de un incremento de la edad de jubilación, un alza de las cotizaciones del 5% y la ya mencionada vinculación con los salarios en lugar del IPC.
Por su parte, otra de las opciones que saltaron a la palestra es la de recuperar el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) instaurado en la reforma del PP de 2013, y que ponía lo que se dio a conocer como el ‘piloto automático’ del trasatlántico de la Seguridad Social de modo que se ajustaba el incremento de las pagas a la coyuntura financiera de la Tesorería del sistema. De hecho, esta es la opción que defiende la profesora de Economía Financiera y Contabilidad den la UNIV de Extremadura, Inmaculada Domínguez, quien asegura que «la subida de las pensiones solo se pude sufragar con mayor presión fiscal, o más endeudamiento, o tocar la cuantía de las pensiones».
En esta línea, el director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, aseguraba que, a largo plazo, «el coste es muy alto porque las subidas de cada año se consolidan y elevan el gasto durante toda la vida de los actuales pensionistas». Así, ejemplificaba que, si en 2017 el gasto en pensiones fue de unos 120.000 millones, actualizando todas al 1,6% en vez de al 0,25%, «el primer año tendríamos un coste extra de unos 1.600 millones que aproximadamente se duplicaría en el segundo». Suponiendo que del tercer año en adelante volviésemos al 0,25 por ciento, «habríamos consolidado un alza de gasto de 3.200 millones anuales, que se iría reduciendo poco a poco con el fallecimiento de sus beneficiarios», explica De la Fuente. Puesto que la esperanza de vida media a los 65 años está ligeramente por encima de los 20 años, podemos suponer que ese gasto se mantendría en promedio durante 10 años.
«Sumándolo todo, hablamos de unos 37.000 millones. Si en vez de volver al 0,25 por ciento mantenemos permanentemente la actualización de las pensiones con la inflación, el coste se dispara. Según cálculos de Fedea, en promedio durante los próximos 40 años, la vuelta a la indexación universal con el IPC tendría un coste anual de unos 2,7 puntos de PIB. Para pagarlo, tendrían que subirnos a todos el IRPF en un 35 por ciento», explica el director de Fedea.
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