La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este miércoles que el déficit público cerró el pasado año por debajo del 2,7% del PIB, gracias a evolución de los ingresos en el último cuatrimestre de 2018, la buena marcha de economía en la última parte del año y al menor coste de la deuda. España habría incumplido el objetivo de déficit público oficial fijado por Bruselas en el 2,2% del PIB. No obstante, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez aseguró nada más llegar al poder en junio del año pasado que no podría ajustar el déficit a la meta de Bruselas y que se ceñiría a un tope del 2,7%.
Así lo ha señalado Montero en un desayuno informativo organizado por la cadena SER, en Sevilla, donde ha señalado que en mayo del pasado año la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya calculo que el cierre del déficit en 2018 estaría en el 2,7%, y ha asegurado que el ministerio está ultimando los trabajos para comunicar oficialmente el dato. «Pero ya tenemos la certeza de que conseguiremos bajar de este 2,7%», añadió.
Esta bajada del objetivo de déficit, según ha indicado, hará que España salga del procedimiento de déficit excesivo, «cuestión de extraordinaria importancia» porque actualmente es el único país bajo este mecanismo de supervisión, por lo que su salida supone una muestra de «fortaleza, solvencia y buen trabajo».
Así, ha valorado el papel, «especialmente» de los ayuntamientos y también de las comunidades, para rebajar el déficit, aunque ha apuntado que «algunos ayuntamientos se encuentran todavía con dificultades para hacer frente a sus compromisos de pagos». Ante esto, ha recordado las medidas aprobadas por el Gobierno la semana pasada, que conseguirán, en el caso de Andalucía, que 171 ayuntamientos ahorren 731 millones en cinco años.
Tras afirmar que España mantiene «una tasa de crecimiento más robusta que la Eurozona y asegurar que «los inversores confían más en la economía del país de la derecha política del país», la ministra ha llamado la atención sobre los «efectos devastadores» que todavía son perceptibles en la sociedad por la crisis económica. «Se ha debilitado el ascensor social y el 99 por ciento de la población es más pobre y ha perdido la esperanza de progreso», ha lamentado.
Ha reconocido que la desigualdad es «un lastre» para el progreso económico y para la estabilidad de los países y ha apuntado que la desregulación de la actividad financiera, la reducción del papel del Estado y la bajada sistemática de los impuestos en los 80 es origen de «la vulnerabilidad económica».
Frente a esto, ha destacado las medidas alcanzadas en los nueve meses de gobierno socialista, con subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), subida de las pensiones de viudedad, aumento del permiso de paternidad, garantizar los planes de igualdad en las empresas o la devolución del IRPF para aquellas familias que hayan tenido un hijo desde 2014. A esto también ha añadido la lucha contra la violencia de género, que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no aprobados contaban con 220 millones, «la partida más elevada de la serie histórica».
En cuanto a las medidas para la transición ecológica, Montero ha advertido de la «oportunidad» que representa este ámbito en empleo e inversión, llegando a crear 300.000 nuevos empleos entre 2021 y 2030 y una inversión de 200.000 millones. «Es urgente acometer esta transición para revertir el cambio climático. Es una oportunidad y sería una enorme irresponsabilidad dejarla pasar», ha asegurado.
«Toca ser imaginativos y valientes para cambiar la realidad ante situación que no pueden esperar y requieren de medidas transformadoras», ha señalado Montero, quien ha llamado a interponer el interés de la nación al particular con «medidas viables para recuperar los derechos y la confianza en la política.
Sobre fiscalidad, la ministra de Hacienda ha argumentado que «una Hacienda que se orienta hacia un modelo con poca progresividad, obviando el principio de la Constitución de que todos deben contribuir al sostenimiento del Estado», lo que hace, a su juicio, es «deslegitimar el papel de los impuestos para definir el modelo de convivencia».
En este sentido, ha apuntado que los PGE que presentó el gobierno socialista iban «en otra dirección». «Eran unos Presupuestos objetivamente buenos para España», ha afirmado, toda vez que ha recordado que «cumplían por primera vez con el Estatuto de Autonomía para Andalucía al contar 2.130 millones en inversiones.
Powered by WPeMatico