El Gobierno ha puesto sobre la mesa 8.495 plazas de nueva creación que se complementarán con otras 6.613 de promoción interna. En concreto, las 8.495 nuevas plazas en la Administración General del Estado suponen una reducción de 200 plazas sobre un año antes. En ellas se incluyen ya las 383 plazas extraordinarias anunciadas por el Brexit. A ellas se sumarán otras 6.613 para promoción interna del personal, que implican un incremento de 409 sobre las aprobadas en 2018.
A todas ellas habrá que sumar la oferta para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, militares, sanidad y enseñanza y justicia no transferida a las comunidades –que se espera lleguen a unas 2.000–, así como las plazas para los distintos entes públicos empresariales. En conjunto, la oferta de empleo se situará cerca de las 33.000 anunciadas el año pasado. Unas cifras que según fuentes del CSIF implican que no habrá creación de empleo neta este año y que el Gobierno ha justificado por la prórroga presupuestaria. Desde este sindicato afirmaron que la oferta apenas permitirá que se cubran las jubilaciones.
La propuesta de Función Pública tampoco contempla las peticiones realizadas por UGT y CC OO, que han solicitado un plan plurianual con creación de empleo neto para la agencia Tributaria, la Seguridad Social e Instituciones Penitenciarias para frenar la destrucción de empleos en un momento en el que, además, más de 31.000 empleados de la AGE tienen más de 60 años.
Por el momento no se ha concretado el volumen de plazas públicas que contendrá la oferta de 2019 en la AGE, según indicaron fuentes sindicales, si bien no se descarta que sea similar o incluso supere a la del año pasado, cuando el Gobierno anunció la convocatoria de la mayor oferta de los últimos diez años, consensuada previamente por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
En detalle, el Gobierno dio luz verde en julio del año pasado a tres Reales Decretos sobre empleo público que contemplan conjuntamente la convocatoria de 23.156 plazas, que sumadas a las 7.688 que había convocado el pasado mes de abril para docentes y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado arrojaron una oferta de empleo público total para 2018 de 30.844 plazas.
De las 23.156 plazas aprobadas julio, 17.299 fueron de nuevo ingreso y promoción interna (11.095 de nuevo ingreso y 6.024 de promoción interna); 323 pertenecían a una oferta extraordinaria para atención a asilados y refugiados, y 5.534 plazas correspondían a procesos de estabilización en la Administración General del Estado y en Justicia.
Además de la oferta de empleo público, el Gobierno aprobó la normativa para suprimir en la Administración del Estado la reducción retributiva que se venía aplicando desde el año 2012 a los empleados públicos que se encontraban en situación de incapacidad temporal.
Igualmente, a finales de enero aprobó un Real Decreto con la Oferta de Empleo Público con 2.528 plazas para la estabilización del empleo temporal en la Administración General del Estado, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para 2018, tras el acuerdo alcanzado en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado y suscrito con las principales organizaciones sindicales.
Esas 2.528 plazas aprobadas, sumadas a las de otros procesos de estabilización aprobados, alcanzan las 10.392, de ellas, 5.003 son de la Administración de Justicia (2.331 en 2017 y 2.672 en 2018) y 2.862 de la Administración General del Estado correspondientes a 2017.
La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, también suscribió a principios de marzo con los representantes sindicales el IV convenio único para el personal laboral de la Administración General del Estado, que fija mejoras retributivas generales y un salario mínimo de 1.136 euros al mes este año para estos trabajadores, así como el acuerdo sobre los fondos adicionales, con los que se sufraga parte de la subida salarial, que supondrá 280 euros al año (20 euros más al mes) con efectos desde el 1 de enero de 2018.
El convenio, que afectará a más de 40.000 trabajadores, aprueba una subida del 5,5% de media para las todas las tablas salariales del personal laboral de la Administración del Estado, incluyendo el 2,25% de subida general de los funcionarios de este año y los fondos adicionales de 280 euros al año (20 euros al mes), según han explicado los sindicatos.
El colectivo de 2,5 millones de empleados públicos se benefició en enero de una subida genérica del 2,25% para el ejercicio 2019, si bien a esta cifra se le sumará desde julio otro 0,25%, ya que el sistema de subida salarial fija un alza mínima del 2,5% si el PIB crece igual o por encima del 2,5%, y el año pasado la economía creció un 2,7%.
A esta subida ya fija del 2,5% se le podrá sumar además otro 0,25% de fondos adicionales, que los sindicatos deberán negociar en cada administración, con lo que la subida salarial de este año podrá alcanzar el máximo previsto del 2,75%.
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