El panorama económico es uno de los grandes olvidados en la campaña electoral, en un momento en el que la mayoría de los partidos proponen grandes aumentos de gasto o rebajas de impuestos que evitan decir cómo van a financiar e incluso tratan de inventar nuevas trabas a la creación de empleo, precisamente en un momento en el que la contratación ya se está frenando por el frenazo de las exportaciones, la industria y la inversión y la subida de costes laborales.
Todo ello, unido a la complicada aritmética electoral tras las elecciones, ha llevado al mundo empresarial a movilizarse para reclamar dos cosas: recuperar la senda reformista, paralizada desde hace casi seis años, y tomar medidas contra la desaceleración. Y todo ello sólo es posible con un gobierno de amplio consenso o que, al menos, cuente con apoyos sólidos en el parlamento. Tanto la CEOE como el Círculo de Empresarios, Cepyme, la Cámara de Comercio de EEUU en España, las Multinacionales por la Marca España o el Consejo General de Economistas han hecho reclamaciones en este sentido, que se han visto respaldadas por organismos de la talla de Moody’s, Barclays o JPMorgan.
De hecho, lo que más temen tanto los empresarios como los economistas es un gobierno que vuelva a quedar en manos de «partidos antisistema, extremistas y que quieren destruir el Estado español», según señaló el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), tal como ha sucedido en el último año con Pedro Sánchez. Eso no sólo volvería a dar alas a las contrarreformas y al aumento del gasto, sino que reduciría la confianza empresarial, dañando las inversiones y la creación de empleo.
El panorama es ciertamente complejo, ya que los empresarios reclaman tomar medidas ante una desaceleración que ellos ya notan, pero que muchos partidos prefieren ignorar. Y el diagnóstico es muy complicado, porque por un lado el PIB mantiene el ritmo de crecimiento, pero por otro su composición hace que este avance sea muy vulnerable. Es cierto que la actividad mantuvo un avance del 2,6% el año pasado, pero la tendencia es cada vez más apagada y artificial. De hecho, el servicio de estudios de BBVA calcula que si no se hubiera producido un fuerte incremento del gasto público (vía sueldos, pensiones y otros subsidios), el PIB apenas habría crecido un 2%.
Este incremento del presupuesto de las Administraciones, se contrapone con la debilidad de las exportaciones, que se han ralentizado al 1% en el cuarto trimestre de 2018, cuando un año antes avanzaban en torno al 5%. Y eso ha asestado un duro golpe a la producción industrial, que cae un 1,3% en el mismo periodo, cuando en 2017 crecía a una velocidad en torno al 4,5%. Esto, unido a la subida de los costes eléctricos, está provocando el cierre de varias plantas, lo que a su vez arrastra a la industria auxiliar que la rodea.
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