El Gobierno está dispuesto a darle más poder a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia para vigilar las operaciones de compra de activos estratégicos en España, así como las adquisiciones que realizan algunas de las empresas reguladas y que podrían suponer, al mismo tiempo, una amenaza para la seguridad o para la continuidad de su actividad.
La Comisión Nacional de Mercados y Competencia y la Comisión Nacional de Mercado de Valores están trabajando ya en colaboración con la Comisión Europea para ampliar estas capacidades de decisión sobre las operaciones corporativas en sectores regulados o de interés general.
Las recientes adquisiciones por parte de Red Eléctrica de Hispasat o de Tallgrass por Enagás han podido escapar del control de los organismos reguladores. Por ese motivo, los equipos de estas instituciones están viendo la fórmula para ampliar la llamada función adicional novena de la Ley de creación de la CNMC, con la intención de poder ampliar el control en este tipo de operaciones, toda vez que la función 14 quedó descafeinada por una sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo durante la opa a Endesa.
Para hacerlo, según indicaron fuentes consultadas por este diario, se está trabajando en línea con el Reglamento para el control de la inversión extranjera de la Unión Europea y disponen de un plazo de 18 meses, hasta el 11 de octubre de 2020, para llevarlo a la regulación nacional. La UE ha presentado un conjunto de normas que pretenden controlar mejor las inversiones directas procedentes de terceros países por razones de seguridad o de orden público.
El Consejo Europeo aprobó el pasado 19 de marzo este Reglamento, por el que se establece un marco para el control de las inversiones extranjeras directas en la UE. Se trata de la primera vez que la Unión se dota de tal marco general, cuando sus socios comerciales más importantes disponen ya de normas comparables, como pueden ser la autorización del CFIUS en Estados Unidos que, por ejemplo, si deberá superar Enagás para su operación.
En la actualidad hay 14 países de la UE que tienen ya mecanismos de control de este tipo, entre ellos España, y varios de ellos están en camino de hacer una reforma del mismo. Las nuevas normas sobre el control de las inversiones garantizarán que la apertura vaya unida a una protección razonable de los activos estratégicos. Las nuevas normas sobre el control de las inversiones extranjeras directas crearán un mecanismo de cooperación, mediante el cual los Estados miembros y la Comisión podrán intercambiar información y plantear asuntos específicos.
Los Estados miembros conservarán, no obstante, la facultad de revisar, y en su caso bloquear, la inversión extranjera directa por motivos de seguridad o de orden público, es en este punto donde entra la labor de los organismos supervisores. Cada Estado miembro seguirá teniendo asimismo la potestad de establecer y mantener sistemas de control nacionales.
Se permitirá a la Comisión emitir dictámenes en los casos que afecten a varios Estados miembros, o cuando una inversión pueda afectar a un proyecto o programa de interés para toda la UE, como Horizonte 2020 o Galileo. Los sectores sobre los que se incrementará el control son las infraestructuras críticas, tecnologías críticas, el suministro de insumos como energía o materias primas, el acceso a información sensible o la capacidad de controlar información, o la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación.
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