La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) quiere introducir importantes novedades en la reforma de la Ley de Sociedades de Capital, aprovechando que España debe transponer la directiva europea sobre el fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas. La más «revolucionaria», en palabras del presidente de la CNMV, Sebastián Albella, será la ampliación de la facultad del regulador para cuestionar los acuerdos societarios: «Hemos propuesto que la CNMV amplíe su legitimidad para impugnar acuerdos sociales».
El directivo recordó, durante su intervención esta semana en la presentación de la obra colectiva titulada Sociedades cotizadas y transparencia en los mercados, que hasta ahora la CNMV sólo puede actuar en situaciones muy concretas, como cuando los accionistas adoptan acuerdos teniendo el derecho de voto suspendido.
«Queremos evitar operaciones que afecten gravemente al funcionamiento de los mercados y a su transparencia», señaló Albella, poniendo como ejemplo la situación que se produjo cuando las juntas de Abengoa y Urbas propusieron aprobar un desdoblamiento -split- de sus acciones. «La regla que permite la cotización de valores por debajo del céntimo da lugar a situaciones en las que ciertas sociedades alcanzan un precio de mercado totalmente antinatural».
El presidente de la CNMV ha lanzado otras propuestas al Gobierno para incluir en la modificación de la Ley de Sociedades de Capital. Con la reforma, Albella aspira a equiparar las reglas que manejan las empresas que cotizan, independientemente del mercado en el que operan. «Queremos que el régimen de opas general también se aplique a las sociedades del MAB».
Albella justificó esta decisión explicando que su sensación es que las empresas presentes en el mercado alternativo bursátil «quieren que se les aplique esta regulación por una cuestión de reputación y de confianza desde el punto de vista de los inversores».
El presidente del organismo señaló que, de no ser por la convocatoria electoral, la propuesta de la transposición de la normativa europea, «habría salido hace un mes a consulta pública». Además, insistió en la posibilidad de modificar la periodicidad de la información obligatoria que los emisores remiten al supervisor, con el fin de homologar las condiciones con otros países de la UE. Concretamente, se podría eliminar la obligatoriedad de que las sociedades reporten información trimestral. «La CNMV está a favor de que las cotizadas publiquen informes, pero está en contra de que este régimen sea un impedimento para tener un mercado ágil».
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