El Gobierno ha celebrado hoy su último Consejo de Ministros antes de entrar en funciones el próximo lunes, tras la celebración de las elecciones generales del domingo. En su reunión ha aprobado la posibilidad de cobrar a la vez una pensión de jubilación y mantener ingresos por actividades de creación artística derivados de derechos de autor.
En concreto, el Ejecutivo ha aprobado una norma que establece un régimen de compatibilidad de actividad artística con el 100% de la pensión de jubilación, siempre que dicha actividad esté motivada por la existencia de unos derechos de autor reconocidos. En la actualidad, cuando un creador que cobraba una pensión de jubilación y derechos de autor reconocidos, no podía realizar, además, otras actividades artísticas remuneradas, aunque estas no fueran habituales.
Los beneficiarios de esta medida, que, según la ministra de Educación, Isabel Celaá rondarán de manera inmediata las 1.300 personas, mantendrán a todos los efectos su condición de pensionistas. La norma aprobada hoy supone el desarrollo de un derecho que ya fue aprobado en un Real Decreto Ley el pasado 28 de diciembre. Según Celaá, esta iniciativa obedece «a la necesidad de toda sociedad de mantener su capital cultural e intelectual».
No obstante, Celaá ha precisado que los futuros beneficiarios podrán optar por esta nueva modalidad de compatibilidad o cualquier otro modo de concurrencia a la que tenga derecho. Actualmente los asalariados pueden compatibilizar el 50% de la pensión y del sueldo una vez pasada la edad de jubilación y en el caso de los autónomos con asalariados esta compatibilidad se eleva al 100% de la pensión.
Así, en lugar de obligar a los creadores a renunciar al 50% de su pensión si se mantienen en activo y cobrando derechos de autor, se permitirá compatibilizarla a cambio de una cotización de solidaridad del 8% (en el caso de trabajadores por cuenta ajena, el empresario pondrá el 6% y el trabajador, el 2%).
Además, el Ejecutivo ha estudiado la ampliación de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, algo que no se hacía desde 1989; y la regulación del régimen retributivo del personal investigador funcionario de los Organismos Públicos de Investigación (OPIs).
Esta última medida homologa las estructuras salariales de los investigadores con efectos a 1 de enero de 2018 y crea una comisión evaluadora del desempeño de la profesión científico técnica. Un total de 836 investigadores se verán afectados, según Celaá, lo que supone el 23% de los investigadores funcionarios.
La ministra Portavoz ha aclarado también que el Ejecutivo actual estará en funciones, a partir del cierre de las urnas el próximo domingo y hasta la toma de posesión un nuevo Gobierno. Además, aclaró que sus funciones se limitarán al «despacho ordinario de los asuntos públicos salvo urgencia de interés general debidamente acreditado».
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