Resolver el problema de acceso a la vivienda que atraviesa España no es fácil ni admite soluciones mágicas y rápidas, pero ante la nueva legislatura que arranca cuatro grandes conocedores del sector señalan cuáles deberían ser, en su opinión, las prioridades y las grandes líneas a seguir en el futuro: un gran pacto de Estado que siente las bases de un nuevo modelo, muchos más recursos y una apuesta decidida por la vivienda asequible –hoy inexistente– y por la colaboración público-privada.
“Ahora que el sector está dando claros signos de recuperación, es el momento de abordar una serie de reformas y para ello se necesita un gran pacto entre todas las fuerzas políticas”, opina la directora de Estudios de Fotocasa, Beatriz Toribio. Un punto de partida que comparte la profesora de Arquitectura Urbana de la Universidad Politécnica de Madrid Raquel Rodríguez, que sostiene que solo cambiará la situación cuando el país reconozca que la vivienda “es un problema estructural”.
Para ello, hacen falta muchos recursos y continuidad de décadas. “No puede ser que España solo dedique el 0,02% del PIB a política de vivienda”, sostiene Toribio, lo que de hecho sitúa al país como uno de los que menos recursos destina de toda la OCDE. “No lo resolveremos sin plantear una política consistente en el tiempo y entre los distintos niveles administrativos, que es lo que falta ahora”, añade el profesor de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, José García Montalvo.
¿Por dónde empezar? Los expertos creen imprescindible, primero, que toda la vivienda pública que se construya permanezca en manos del Estado y no pueda descalificarse, basándose en un modelo de alquiler y no de propiedad, para que “la inversión pública no se convierta en plusvalías que otros exploten”, insiste Rodríguez.
Y, segundo, es fundamental, sostienen, generar vivienda asequible. Tal y como explica Montalvo, es importante separar tres segmentos: el de la vivienda social –que responde a criterios de emergencia habitacional y para el que los poderes públicos deben dar respuestas inmediatas–, la vivienda asequible –aquella que se oferta a un precio inferior al de mercado, que no suponga un desembolso mayor de un tercio de la renta, por ejemplo– y, finalmente, el mercado libre.
Es en esos dos primeros segmentos en los que se debe incidir y para nutrir el segundo –mucho más importante en volumen– la mayoría de expertos apuesta por mecanismos público-privados. “El sector público por sí solo no puede pretender construir ni comprar todas las viviendas asequibles que se necesitan”, arguye Montalvo.
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