Si cuando el Ejecutivo presentó una catarata de subidas de impuestos en los Presupuestos y en los proyectos de ley que creaban las ‘tasas Google’ y ‘Tobin’ sus previsiones eran que cada tributo recaudara menos de la mitad, o incluso menos, que lo que estimaba el Gobierno, ahora cree que habrá un desfase global de una décima del PIB, de cerca de 1.200 millones.
Así el Ejecutivo estima una recaudación de 5 décimas del PIB, cerca de 5.700 millones, y la AIReF augura una décima menor, de unos 4.500 millones. En sus valoraciones anteriores, pesaba el hecho de que los impuestos sólo entrarían en vigor a mitad de año. Ahora, en el Programa de Estabilidad, el Ejecutivo plantea que las alzas fiscales entrarán en vigor en 2020, con lo que el efecto recaudatorio será de un ejercicio completo. Sin embargo, para la AIReF, las previsiones del Gobierno siguen siendo «optimistas».
Además, la AIReF cree muy ajustada la reducción del déficit prevista en el Programa de Estabilidad y alerta de la existencia de riesgos. La senda fiscal prevista plantea una reducción del déficit de 2,5 puntos del PIB en cuatro años, lo que considera factible hasta 2021 e improbable en 2022.
En la búsqueda de reducir el déficit y el gasto público, el Gobierno ha puesto el ojo en los incentivos a la contratación. La Actualización del Programa de Estabilidad enviada a Bruselas la semana pasada plasma el planteamiento del Ejecutivo para ahorrar unos 1.500 millones de euros en este campo. Lo que no revela es que esta iniciativa supondrá, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la eliminación del 60% de estas bonificaciones.
Así lo indica el ente en el informe que ha publicado sobre el Programa de Estabilidad. La propia AIReF ha sido requerida por el Gobierno para analizar dichos incentivos para la contratación y su eficiencia, aunque fuentes de la misma indican que todavía no hay conclusiones sobre dicho estudio, que se está poniendo en marcha.
De hecho, indican que lo único que deja claro el Gobierno son sus intenciones respecto a las bonificaciones de la contratación. De ahí que todavía no puedan valorar, tampoco, el impacto que puede tener esta medida, por pondría fin a la deducción de cotizaciones por valor de una décima de PIB.
Asimismo, la AIReF se corrige. A pesar de que avisó que de que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros podría suponer la destrucción de al menos 60.000 puestos de trabajo a lo largo de 2019, la institución reconoce que, al menos hasta abril, no ha habido ningún tipo de impacto negativo en el mercado de trabajo.
En cualquier caso, desde la Autoridad se advierte de que su análisis está hecho en datos agregados y no con microdatos, así que en verano – que será cuando aparezca el próximo informe al respecto – estas conclusiones podrían cambiar, sobre todo porque el impacto del SMI podría ser paulatino. Si esto se da, será solo en trabajadores con menor formación y asalariados, no en autónomos
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