La trasposición de directivas comunitarias ha marcado buena parte de la regulación patria de los últimos años y promete ser crucial también en la próxima legislatura. Como punto de partida, el nuevo Gobierno que tratará de formar Pedro Sánchez tras ganar las elecciones generales deberá trasponer 18 directivas pendientes y lidiar con la amenaza de cuatro multas europeas por los retrasos ya acumulados.
Las normas comunitarias pendientes de ser aplicadas en España son un conjunto de directivas, aprobadas entre 2015 y 2018, que regulan campos tan cruciales como los fondos de pensiones de empleo; la seguridad ferroviaria; la resolución de litigios fiscales en la UE; el transporte terrestre de mercancías peligrosas; la lucha penal contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión; el riesgo medioambiental de los organismos modificados genéticamente; el convenio sobre el trabajo en la pesca de la OIT; la seguridad de los juguetes o la armonización y la simplificación del IVA en los intercambios entre los Estados miembros, entre otros asuntos.
Teóricamente, el futuro Ejecutivo tendrá hasta finales de año para trasponerlas todas, según el calendario que maneja el grupo mixto, si bien el Parlamento español no es precisamente el más riguroso en el cumplimiento de los plazos comunitarios. Más bien lo contrario, según el documento La trascendencia de las cuestiones europeas para los ciudadanos y las empresas españolas, publicado la pasada semana por el Consejo General de Economistas. “España tarda de media 12 meses más que el resto de los países miembros en trasladar las normas europeas al ordenamiento jurídico nacional”, lo que ha llevado al país a concentrar “el 70% de las sanciones por estos retrasos”, revela el informe.
“En España se tarda demasiado en transponer las directivas europeas, nuestra lista de temas pendientes es muy extensa porque no se cumplen las fechas”, denuncian desde el Consejo General de Economistas, advirtiendo de que esta demora generalizada “no sólo es negativa por las multas que la UE puede terminar imponiendo a España, sino también por todos esos periodos de inseguridad jurídica que se generan de manera artificial y que deberían evitarse para que las empresas y los inversores no sufran ningún tipo de incertidumbre”.
Actualmente España se juega cuatro sanciones de este tipo. La más célebre se debe al retraso del país en adoptar la directiva de 2014 de protección de los consumidores de crédito inmobiliario, la reforma hipotecaria que el Parlamento aprobó el pasado febrero con tres años de retraso sobre la fecha límite establecida por Bruselas. Como consecuencia, la Comisión Europea denunció al país ante el Tribunal de Justicia de la UE, que decidirá en las próximas semanas si aplica una multa coercitiva de 105.991,6 euros a España por cada día de demora. La ministra de Economía, Nadia Calviño, anunció que pedirá clemencia a Bruselas tras aprobar in extremis en las últimas semanas el desarrollo reglamentario que termina de trasladar la directiva europea al ordenamiento español.
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