El XII Congreso Nacional de la Abogacía, que ha reunido entre el 8 y el 11 de mayo a 2.500 congresistas y ponentes, concluyó con la lectura de la Declaración de Valladolid, texto en el que la profesión quiso reafirmar «su compromiso con un futuro de progreso, paz y convivencia, basado en los mismos valores que han inspirado este periodo democrático» y en el que se mostró la confianza y el apoyo de la Abogacía en «el proyecto común de convivencia europea más ilusionante de nuestra historia reciente». Justo antes de las elecciones del 26 de mayo, el documento afirma que «Europa, hoy más que nunca, es una obligación y una responsabilidad».
Además de estos primeros aspectos, la Declaración de Valladolid también pone sobre la mesa ciertos aspectos que, a sus ojos, deben mejorar profundamente. En este sentido, y frente a la lentitud e incumplimiento de plazos, por la desorganización y burocracia, por el déficit y escasez de órganos judiciales y medios, por los problemas de personal y de planta judicial, la Abogacía reitera su compromiso y disponibilidad «para abordar su imprescindible reforma estructural que sólo podrá realizarse a través de un gran Pacto de Estado desde el diálogo, el consenso y la participación de todos los colectivos implicados».
Otro aspecto que destaca el documento, y sobre el que existe un acuerdo generalizado, es la necesidad de promulgar definitivamente una ley orgánica que regule el derecho de defensa. Según el texto, la aprobación de esta normativa serviría para cerrar «el circulo de garantías constitucionales de la ciudadanía, situando a nuestro país en la vanguardia de la protección de sus derechos y preservando, al máximo nivel, el secreto profesional como elemento esencial sobre el que se sostiene el ejercicio de nuestra profesión y el derecho de defensa».
La Abogacía no se olvida de tratar en la Declaración de Valladolid la modernización y tecnificación que está viviendo la sociedad y la propia profesión jurídica. Por esa razón, y aunque la tecnología abra nuevos horizontes y oportunidades para el ejercicio de la profesión, se constata «la necesidad de acometer con urgencia nuevas regulaciones y reformas sustantivas que protejan de modo eficaz los derechos de la ciudadanía y, en especial, el derecho a la intimidad, a la propia imagen y a la igualdad».
El documento insiste en la necesidad de avanzar «en la protección de los datos personales en los procesos judiciales, a la vez que se hace preciso un esfuerzo en la formación de los profesionales de la abogacía en relación con el uso de la tecnología. La transformación digital -insiste el texto- ha de ser siempre un instrumento para la mejor defensa de los derechos de la ciudadanía y no exclusivamente una herramienta comercial y de negocio».
La abogacía española muestra en el texto su inquietud y compromiso por buscar soluciones a los problemas de la sociedad y por promocionar y defender los derechos humanos y la garantía del derecho universal de acceso a la Justicia. Por esta razón, el documento insiste en que el «sistema de justicia gratuita es un servicio público, ajeno a las leyes del mercado y la competencia, que garantiza el derecho de acceso a la justicia, con profesionales con un alto compromiso».
Los letrados no olvidan las desigualdades y las nuevas luchas de la sociedad, por lo que afirman dentro de estas conclusiones del XII Congreso Nacional de la Abogacía que también «es prioritaria la atención a los problemas derivados de los fenómenos migratorios, evitando toda clase de xenofobia, exclusión, discriminación o desigualdad», y hace igualmente hincapié en la marcada función social que tienen y que les obliga a implicarse también «en el derecho al medio ambiente, comprometiéndonos en la defensa de la sostenibilidad de nuestro mundo y haciendo realidad los objetivos de desarrollo sostenible».
Los dos últimos puntos de la Declaración de Valladolid, las principales conclusiones de este XII Congreso de la Abogacía, se centran en la defensa de la igualdad -«un desafío colectivo que requiere de un profundo cambio cultural, que implica compromiso, voluntad y firmeza para impulsarlos»- y en el futuro de la profesión: los jóvenes abogados.
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