El Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) ha creado el primer certificado de calidad para bufetes de abogados que, entre sus indicadores, incluye una evaluación de las políticas de igualdad entre hombres y mujeres efectivamente implementadas por la organización. De este modo, para obtener la llamada Garantía Abogacía ICAB, la firma deberá acreditar que garantiza «el respeto a los principios de igualdad de trato y de oportunidades en la contratación, formación, desarrollo profesional y retribución a todo su personal y asociados».
En materia de lucha contra la discriminación, el esquema de certificación diseñado por el colegio establece varios requisitos. El primero, cuando así lo disponga la ley (tras la última reforma, es obligatorio para las empresas de más de 50 trabajadores) o lo haya decidido la organización, contar con un plan de igualdad que incluya medidas específicas contra cualquier tipo de discriminación. En segundo lugar, disponer de un protocolo de prevención y actuación en casos de acoso sexual o moral y, además, darlo a conocer a todo el personal, colaboradores y socios.
Asimismo, las organizaciones deberán acreditar que no existe en su seno ningún tipo de discriminación por razón de género en cuanto a la retribución de los profesionales con iguales tareas y responsabilidades. Y, finalmente, generar evidencias de la implantación de las actuaciones acordadas. El esquema exige que las organizaciones revisen todos estos programas y protocolos, como mínimo, cada dos años.
El examen de las políticas de igualdad es el punto más novedoso del certificado, pero no es el único. El despacho que aspire a conseguirlo también deberá dejar constancia, entre otras cuestiones, del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales, de prevención de riesgos laborales, de protección de datos y de lucha contra el blanqueo de capitales.
Asimismo, para fomentar las buenas prácticas en la prestación del servicio de la abogacía, el texto demanda una mejor definición del servicio al cliente, con hojas de encargo claras e inequívocas. También obliga a las firmas a definir y documentar los derechos de los defendidos (e informarles sobre los mismos), y trata de introducir más transparencia en el pago de los honorarios, obligando a detallar en las facturas «las actuaciones profesionales realizadas y su importe».
La Garantía Abogacía ICAB, aprobada el pasado 14 de mayo por la junta de gobierno del colegio, es de aplicación a los letrados o bufetes que ejercen su actividad en Barcelona. Sin embargo, como señala Jesús Sánchez, secretario de la junta del ICAB, «los despachos que la obtengan podrán hacerla valer en todo el territorio español».
No obstante, la decana, Maria Eugènia Gay, está convencida de que la iniciativa servirá de ejemplo para otros colegios. «En el Congreso Nacional celebrado en Valladolid hace apenas diez días explicamos la iniciativa a todos los compañeros y compañeras, y muchos ya nos han preguntado por la posibilidad de expandirlo», asevera.
Powered by WPeMatico