Los ministros de Economía y Finanzas de los principales países del mundo, reunidos el fin de semana en el G-20, acordaron dar un impulso al impuesto a los servicios digitales (popularmente conocido como tasa Google) para responder a las exigencias de los países que están liderando esta posición: Reino Unido, Francia y España. Los ministros acordaron tener listo el informe definitivo en 2020 para que ya ese mismo año se pueda adoptar un impuesto digital unitario que permita evitar la doble imposición y la competencia fiscal de unos sobre otros.
El Gobierno de España, que ha presionado a favor del tributo en el G-20, considera que el avance logrado es importante, pero no esperará a que el G-20 adopte una resolución. En su lugar, adoptará el impuesto digital tras la investidura de Pedro Sánchez con el objetivo de que esté listo ya al inicio de 2020 para que financie una parte del aumento del gasto público y de la reducción del déficit.
Así lo confirma el ministerio, que considera que es imprescindible tener listo el tributo para evitar la erosión de bases imponibles que realizan actualmente las compañías digitales. España ha presionado en la Unión Europea y también en el G-20 para lograr este avance, pero es consciente de que hay otros muchos países que se benefician de los esquemas de tributación de las tecnológicas y que están dispuestos a boicotear cualquier avance. Ya ocurrió recientemente en Europa, cuando parecía que el proceso iba por el buen camino, y podría repetirse en el G-20.
De ahí que los socialistas pretendan poner en marcha el impuesto sin esperar a que exista un gran acuerdo a nivel global. La tasa Google puede empezar a funcionar en España, y si posteriormente hay un pacto global, el país podría adaptarse para ir en línea con los demás. De hecho, es muy probable que el impuesto español sea diferente al que salga de las negociaciones del G-20.
Francia y Reino Unido se han pronunciado en la misma línea. Los dos países, que son quienes están liderando las negociaciones para establecer el impuesto digital, han anunciado que adaptarán sus tributos una vez que exista un acuerdo internacional, pero hasta entonces mantendrán su decisión de forma unilateral.
Las conversaciones para el futuro impuesto digital van por dos caminos paralelos, o dos pilares, como ha definido el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, que es quien está liderando las conversaciones para intentar poner de acuerdo a naciones con sentimientos muy diferentes. El primer pilar consiste en lograr que las empresas tributen allí donde generan el beneficio y no donde tienen su sede, de modo que paguen en cada país la cuantía correspondiente a los beneficios que hayan generado. Y sin trampas. El segundo pasa por evitar la «competencia fiscal» entre naciones, que es justo lo que hacen actualmente países como Irlanda, Luxemburgo u Holanda.
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