El impuesto de sociedades es una de las figuras tributarias más complejas y alambicadas del sistema tributario español. Y eso que en genérico solo grava el resultado que obtiene una empresa durante un ejercicio fiscal. Pero las presiones de las grandes empresas, que han conseguido abrir huecos para reducir la tributación y la sobreactuación de los legisladores, con más de 200 cambios en la última década, han terminado de liar la madeja del impuesto hasta hacerlo incompresible para los más neófitos.
A esta complejidad se suma el hecho de que es el único impuesto que aún no ha recuperado el nivel de recaudación previo a la crisis. En 2007 este impuesto aportaba unos 44.823 millones de euros a las arcas del Estado. Una cantidad aún lejana de los 24.838 millones que se arañaron el año pasado. Es decir, que el año pasado aún se ingresaba casi un 45% menos que antes del estallido de la Gran Recesión y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.
«Esa no es una cifra de referencia», explica Luis del Amo, director técnico del Registro de Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas (REAF/REGAF). Del Amo defendió la capacidad recaudatoria del actual impuesto de sociedades. «Nuestra recaudación en relación al PIB es ligeramente inferior a la media, pero en niveles aceptables», sostuvo.
La recaudación de este impuesto que recae sobre las empresas representa el 2,25% del PIB frente al 2,15% de Italia, el 2,87% de la media de la OCDE, el 2,06% de Francia o el 1,96% de Alemania, según las estadísticas recopiladas por los economistas.
Valentí Pich, el presidente del Consejo General de Economistas, trató de explicar el debate sobre el tipo efectivo que pagan las empresas. «Lo que realmente reduce el tipo efectivo sobre el resultado contable es la exención por doble imposición (para que las filiales extranjeras de los grupos españoles no paguen dos veces el impuesto) y las bases imponibles negativas (por las pérdidas de ejercicios anteriores)», explicó.
Preguntado sobre las cartas que la Agencia Tributaria está enviando a algunas pequeñas empresas advirtiendo que pagan pocos impuestos respecto al sector, Pich ha señalado: «Es un acto de modernidad y la Agencia Tributaria expresa la información que tiene y puede desagregar por funciones. Está haciendo un gran esfuerzo en transparencia y en poner encima de la mesa la información. A raíz del Sistema Inmediato de Información (el mecanismo que obliga a las grandes empresas a rendir cuentas del IVA casi en tiempo real) se está consiguiendo nueva información. No entendemos ciertos aspavientos que se han hecho sobre estas cartas», clamó Pich.
Los economistas recuerdan que el sistema de pagos fraccionados del impuesto de sociedades —un mecanismo que obliga a las empresas a adelantar parte del dinero que tendrán que abonar a Hacienda cuando liquiden el impuesto—, supone de facto un aumento del tributo.
Recuerdan que el último año la Agencia Tributaria tuvo que devolver unos 2.000 millones de euros cobrados de más por estos anticipos porque las empresas adelantaron al fisco, con los criterios que le obliga Hacienda, más dinero del que le correspondía pagar cuando liquidaron el impuesto al cierre del ejercicio.
Pero estos anticipos se convierten de facto en ingreso para las arcas públicas porque el fisco lo vuelve a cobrar los pagos fraccionados al año siguiente. Si este mecanismo se perpetúa, dicen, “al final lo que abonan las empresas por los pagos fraccionados es lo que en realidad pagan por el impuesto”. Este sistema de anticipos está en cuestión en el Constitucional tras una pregunta sobre su legalidad de la Audiencia.
El presidente del Registro de Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas, Jesús Sánmartín, advirtió sobre las miles de empresas que están exentas del impuesto. «De los casi 1,6 millones de empresas, unas 300.000 están inactivas», dijo al tiempo que precisó como la Agencia Tributaria está realizando una campaña para revisar estas compañías.
«Hay entidades que hacen operaciones a lo largo del tiempo y son entidades que han presentado declaraciones, pero que han quedado sin inspección hasta ahora y ahora están empezando a ver qué pasa con este tipo de entidades», ha apuntado Sanmartín. Entre este tipo de entidades se encontrarían fundaciones, asociaciones o colegios profesionales, así como asociaciones declaradas de utilidad pública, federaciones deportivas y ONG, entre otras. Sanmartín mostró su sorpresa porque «a estas alturas haya miles de fundaciones que no hacen auditoría», cuando «lo razonable» a su juicio sería que todas las organizaciones de cierto nivel hicieran auditoría y depositaran su información en el Registro Mercantil.
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