Se avecinan fuertes cambios en el mercado legal. La abogacía de los negocios (los grandes despachos) es un sector que ha resistido relativamente bien los embates de la crisis gracias a su amplia oferta de servicios. En la época de bonanza, alimentan los ingresos las operaciones financieras, mercantiles e inmobiliarias; mientras que, en los malos momentos, se disparan los litigios, las reestructuraciones y los despidos colectivos. Sin embargo, cada vez son más los indicadores que alertan del agotamiento de este modelo de éxito. Con algo de retraso respecto a otras actividades, la máxima de renovarse o morir ha llegado a la abogacía.
El gran motor de esta revolución será (o están siendo ya) las asesorías jurídicas internas de las empresas, departamentos encargados de decidir a qué firma contratar. El cliente manda y, por tanto, sus necesidades marcan la pauta. Y lo que los consejeros delegados de las compañías están exigiendo a los jefes de sus asesorías es hacer “más con menos”. Así lo asevera el estudio Reimaginando la función legal, de EY, según el cual el 82% de los departamentos jurídicos prevé llevar a cabo en los próximos dos años una reducción de costes, un 42% de los cuales lo hará a doble dígito. Y ello a pesar de que la cada vez mayor complejidad regulatoria provoca que nueve de cada diez afirmen haber sufrido un incremento de carga de trabajo en los últimos cinco ejercicios. El informe recoge la opinión de 1.058 directores legales de empresas de más de una veintena de países.
Desde la Associaton of Corporate Counsel (ACC, la principal organización de abogados de empresa del mundo), Teresa Mínguez apunta que, en efecto, las asesorías jurídicas pretenden reducir el coste de las “operaciones legales”. Es decir, no es que los departamentos vayan a ver mermados sus presupuestos globales (de hecho, un informe de la organización apunta lo contrario), sino que quieren ajustar lo que pagan por cada servicio jurídico, acercando su precio al valor que realmente aporta a la empresa. Y es aquí donde se produce la gran disrupción.
Dentro del asesoramiento legal conviven dos tipos de tareas. Por un lado, aquellas más sofisticadas, en las que los bufetes aportan un conocimiento y una experiencia de alta calidad. Y, por otro, un conjunto de operaciones y trabajos rutinarios, también imprescindibles, pero de escaso valor (gestión documental, revisión contractual, tramitación de expedientes, etcétera).
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