El Ministerio de Hacienda, que dirige en funciones María Jesús Montero, trasladó ayer a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que está dispuesto a discutir una posible flexibilización de la regla de gasto de los ayuntamientos para permitir que estos puedan destinar parte de su superávit a la financiación de servicios públicos.
Aunque fuentes ministeriales aclaran que se trata solo de una posibilidad cuyos detalles tendrán que ser analizados en los próximos meses, la opción de que este asunto se aborde en la mesa técnica abierta entre el Ministerio y la FEMP hizo cundir la euforia en esta última organización. En un comunicado, la federación llegó a aseverar que había alcanzado un “acuerdo histórico” con Hacienda para flexibilizar la regla de gasto.
“Las entidades locales podrán usar el superávit para mejorar los servicios públicos”, aseguró el presidente de la FEMP, Abel Caballero. La flexibilización de la regla de gasto es una reclamación recurrente de la FEMP desde que el exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro la impulsara en 2013, mediante la Ley de Estabilidad, para contener el gasto público y reducir el déficit.
De momento, en todo caso, fuentes oficiales matizan que el acuerdo alcanzado con la FEMP se limita a incluir este asunto entre los aspectos de discusión de la mesa técnica. Cualquier conclusión en este sentido tendría que ser abordada luego a nivel político, lo que entre otras cosas dependerá ya del nuevo Gobierno que acabe formándose.
Está por ver, en todo caso, cuál es el alcance de esa flexibilización si acaba aprobándose. Después de todo, el superávit de los ayuntamientos ha sido una pieza clave para España a la hora de reducir su déficit, permitiendo enjugar en buena medida el agujero de la Seguridad Social, por ejemplo. Y aunque España ha salido ya del procedimiento de déficit excesivo de la UE, al bajarlo del 3% del PIB, es en esta nueva fase cuando Bruselas vigila más atentamente la regla de gasto. Una opción más factible sería que Hacienda amplíe las excepciones en que se permite reinvertir el superávit, como ya ocurre con las inversiones financieramente sostenibles.
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