El Ministerio para la Transición Ecológica ya tiene preparadas las alegaciones a las propuestas de metodologías de retribución de las redes de gas y electricidad que la CNMC lanzó a consulta pública el pasado 5 de julio y que ha provocado una auténtica tormenta en el sector. Y es que las fórmulas propuestas se traducirán en fuertes recortes para las distribuidoras y transportistas, especialmente las de gas (entre un 30% y un 40% hasta 2026). De hecho, aunque el plazo del trámite de audiencia termina para todos el 9 de agosto, el ministerio enviará antes sus alegaciones (previsiblemente, esta semana), pues también recibió los borradores de las siete circulares con antelación.
El departamento que dirige Teresa Ribera ha elaborado un informe, a cuyo contenido ha tenido acceso CincoDías, en el que manifiesta estar de acuerdo “con el fondo” de las propuestas de la Comisión, en tanto la retribución de las redes de luz y gas españolas, que pagan los usuarios en sus facturas, debe ser “razonable” y no un gancho para que se lucren algunos inversores. Se trata de las alegaciones más relevantes del proceso de audiencia pues pueden dar argumentos a las afectadas ante la propia CNMC y, en su caso, ante los tribunales.
Pese a estar de acuerdo con unas propuestas que, en definitiva, permiten recortar el precio de la luz y el gas a los ciudadanos, el ministerio tiene previsto va a convocar la llamada comisión de coordinación o de conflicto que establece la ley de la CNMC, integrada por tres miembros de cada parte, al considerar que las circulares en ciernes, tanto la de la electricidad como la de gas, invaden las competencias del Gobierno.
Concretamente, habría conflicto de competencias en lo relativo a la planificación energética (cuya aprobación corresponde al Gobierno) en la que se inmiscuyen las circulares al aludir a que solo se retribuirán las inversiones en las redes que se hayan autorizado en la planificación energética.
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