El Gobierno va a redoblar los esfuerzos en la lucha contra la explotación en el mercado laboral. En agosto lanzará dos planes de lucha contra el fraude: uno, por los abusos en la contratación temporal; y el otro, por los excesos en la jornada de quienes están contratados a tiempo parcial. El primer paso consistirá en un envío masivo de cartas a las empresas de las que se sospecha que pueden estar quebrando la ley. Después, si no se regulariza la situación, llegará la visita de la Inspección de Trabajo. Se reeditan así las acciones de 2018, que se saldaron con el afloramiento de 70.000 fraudes laborales.
“Los datos que maneja la Inspección de Trabajo indican que la contratación temporal fraudulenta y el uso irregular de los contratos a tiempo parcial siguen siendo dos de los principales problemas en nuestro mercado de trabajo. […] Estos abusos son elementos que contribuyen de forma determinante a la precarización del mercado de trabajo”. Estas crudas palabras no pertenecen a un comunicado o una denuncia sindical, forman parte de un documento interno del Ministerio de Trabajo: el borrador de la planificación de los dos planes de choque que prepara para combatir esos “principales problemas”.
Ese documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, ya ha sido remitido a los agentes sociales y se estudiará en la reunión que los representantes de los sindicatos mayoritarios (CC OO y UGT) y las patronales CEOE y Cepyme mantendrán este miércoles con los responsables de la Inspección. En esa reunión también se van a analizar los datos de los 11 primeros meses de funcionamiento del Plan director de lucha contra la explotación laboral 2018-2020, adelantado por este diario, y en el que hay que integrar estas dos nuevas acciones.
Los dos planes de choque consisten básicamente en la reedición de los que ya aplicó el Ministerio de Trabajo entre agosto y diciembre de 2018. Aquellos fueron las dos primeras acciones de ese plan más amplio que el equipo de Magdalena Valerio puso en marcha nada más llegar al departamento. Entonces se enviaron 130.831 cartas a empresas en las que se detectó que se podía estar dando alguno de los dos abusos que se persiguen.
Después de recibir esas misivas, hubo 61.445 conversiones extra de contratos temporales en fijos, que se sumaban a las 132.501 provocadas por las actuaciones ordinarias. También se amplió la jornada de 8.824 trabajadores, que se añadieron a otras 22.963 ampliaciones por actuaciones ordinarias.
Powered by WPeMatico