La reciente cumbre del G-7 en Biarritz sirvió para desbloquear una de las cuestiones más espinosas de la agenda económica internacional en los últimos años, la llamada tasa Google, el impuesto a los gigantes de la economía digital que, por las peculiares características de su negocio, suelen zafarse en gran parte de tributar en los países donde tienen decenas de millones de clientes y ganan mucho dinero.
La habilidad diplomática del presidente francés, Emmanuel Macron, y de su ministro de Economía, Bruno Le Maire, el savoir-faire de ambos en el trato directo con sus homólogos norteamericanos, contribuyó a que Washington levantara definitivamente su resistencia a la tasa Google y haya aceptado participar –e influir– en su diseño. Donald Trump había llegado a Biarritz muy belicoso sobre el asunto, tras proferir nuevas amenazas de represalias, pero abandonó la cumbre mucho más calmado y conciliador. Dejó que Macron explicara el compromiso y se atribuyera la victoria. Él asintió en silencio, pero quien calla, otorga.
París quiere aprovechar el impulso y aprieta el acelerador. El pasado jueves, en París, Le Maire anunció la creación de un grupo de trabajo, una task force franco-estadounidense, bajo la égida de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) –con sede en la capital francesa– para decidir los detalles de aplicación y los aspectos técnicos de la tasa Google.
La próxima semana, Le Maire se desplazará a Washington para proseguir las discusiones con el secretario del Tesoro norteamericano, Steven Mnuchin. El objetivo es consensuar una propuesta que pueda llevarse al G-20 de ministros de Finanzas, el 17 de octubre, en la capital federal estadounidense. Ese texto debería luego pulirse, a falta sólo del visto bueno político definitivo. Macron y Trump pactaron que eso ocurra en el primer semestre del 2020, siempre que no surjan escollos imprevistos.
“Hubo un acuerdo en el G-7 de Biarritz sobre la tributación del (sector) digital –declaró Le Maire–. Ahora queremos acelerar los trabajos técnicos”. Francia y Estados Unidos copresiden la task force y llevan la iniciativa, pero el proyecto afecta a unos 130 países.
En el anuncio de Le Maire estuvo presente el secretario general de la OCDE, el mexicano Angel Gurría, quien aseguró que su organización lleva trabajando intensamente en la materia desde hace meses. El proyecto lo lleva el director del centro de política y administración fiscal de la OCDE, Pascal Saint -Amans. Él es uno de los cerebros que elaboran el nuevo impuesto. Gurría se mostró optimista sobre la viabilidad de una propuesta y puso énfasis en la importancia de “crear un modelo de tributación para el siglo XXI” en el que se tenga en cuenta la realidad creciente de las empresas que ya no tienen presencia física allí donde se encuentran sus clientes.
Crear y aplicar la tasa Google no es nada fácil. Primero hay que definir el vínculo –el nexus, en el argot técnico– entre las empresas digitales (se piensa siempre en Google, Apple, Facebook y Amazon, pero hay decenas de ellas) y el territorio en el que operan. Para valorar ese vínculo pueden tenerse en cuenta el número de clientes, de conexiones y el tamaño de las plataformas. No sólo se consideran los productos y servicios vendidos sino los datos que las empresas obtienen de los clientes internautas y que pueden comercializar.
Otros puntos fundamentales son establecer la cuantía de la tasa y definir exactamente a qué empresas se les debe aplicar, si sólo a las puramente digitales o también a otras que tienen presencia física. Ahí hay diferencias entre Washington y París. Los estadounidenses querrían extender el concepto de empresa afectada. Eso perjudicaría al potente sector del lujo francés, por ejemplo, al grupo LVMH (Louis Vuitton), que pagaría más impuestos por sus ventas en China.
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