La cifra de 265 millones desembolsada en impuestos es una estimación que proviene de la retención que hacen las compañías sobre el 19% del dividendo repartido entre los accionistas, si bien a partir de ahí existen diferentes casuísticas. Si el accionista es una compañía, como ocurre en la mayoría de los casos, el tipo impositivo a pagar es el nominal de Sociedades del 25% (o 30% para banca y petroleras), por lo que en ese caso cada firma deberá compensar la diferencia. En cambio, si el inversor es una persona física, el monto está sujeto a los rendimientos del capital declarados en el IRPF y su gravamen oscila entre el 19% y el 23% en función de la ganancia obtenida.
Por último, al accionista no residente en España se le retendrá el 19% inicial, pero tendrá derecho a una devolución si en su país de origen el tipo impositivo es menor, siempre y cuando este sea igual o superior al 10%. En la mayoría de casos con convenio de doble imposición, la tributación efectiva oscila del 10% al 15%, según los técnicos de Hacienda (Gestha).
De hecho, la mayoría del capital de las socimis, alrededor del 62%, está en manos de inversores extranjeros, tal como publicó la pasada semana Cinco Días, controlando una capitalización cercana a los 15.000 millones. Aun así, una de las grandes socimis explica que en el 90% de los casos, el inversor extranjero no pide una devolución de las retenciones incluso teniendo derecho a ellas. En España cotizan dos socimis en el Ibex (Merlin Properties e Inmobiliaria Colonial), otras dos en el mercado continuo (Lar España y Árima) y 74 en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB). En conjunto, su cotización supera los 23.000 millones.
Desde el sector se ha reiterado la importancia que ha tenido esta figura para dinamizar una actividad inmobiliaria hundida tras la crisis, el fomento de la profesionalización y la equiparación de España en el campo de los REITs, que han atraído miles de millones de inversión al país. Estas empresas están dedicadas a la adquisición y gestión de inmuebles destinados al arrendamiento urbano, como oficinas, hoteles, superficies comerciales, naves logísticas o viviendas.
Aunque partidos como Podemos han vinculado el auge de precios del alquiler de viviendas a estas socimis, la realidad es que el negocio residencial es el menos relevante para estas firmas, ya que estas propiedades solo suponen un 10% de sus carteras, según el estudio de JLL y BME. Controlan más de 35.000 viviendas en toda España, principalmente por el peso de las socimis de Blackstone como Testa Residencial, y de Vivenio, controlada por el fondo de pensiones holandés APG. Eso supone un pequeño porcentaje del parque de pisos en España, ya que existen más de cuatro millones de hogares en arrendamiento (según la EPA).
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