El Tesoro Público español reducirá en otros 10.000 millones de euros la emisión neta de deuda este 2019 hasta los 20.000 millones, la cifra más baja desde 2007, según ha anunciado este jueves la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño. Este recorte, sumado a la rebaja de 5.000 millones anunciada el pasado abril, supone que el Estado ha reducido un 43% su previsión de deuda, que entonces situó en los 35.000 millones de emisión neta –el saldo entre el total de colocaciones en mercado una vez restados los vencimientos–. Esta menor captación de fondos junto al recorte de las rentabilidades de la deuda supondrá un ahorro para las arcas públicas de más 2.300 millones de euros en intereses, frente a los 1.500 millones logrados el año pasado.
Así, está previsto que el Estado cierre este ejercicio con una emisión bruta de deuda por debajo de los 200.000 millones de euros, algo que no sucedía desde 2011. En concreto, el Tesoro estima que las emisiones brutas llegarán a los 194.525 millones, 15.000 menos que la previsión anunciada a inicios de año (209.526 millones). El objetivo del Gobierno es que la deuda pública cierre en el 95,8% del PIB tal y como recoge el Programa de Estabilidad para 2019.
La titular de Economía ha destacado la confianza que han mostrado los mercados hacia España, algo que ha quedado «patente» en la «gran labor» que está llevando a cabo el Tesoro, que logró cerrar 2018 con una deuda inferior a la prevista y que ha permitido reducir los intereses de la deuda en más de 1.500 millones. Un ahorro que este año superará los 2.300 millones de euros, según ha detallado posteriormente la directora general del Tesoro, Elena Aparici, ligeramente por debajo del 2% del PIB, frente al 2,8% que suponía el pago de intereses en 2014.
La responsable del organismo de financiación del Estado ha señalado que la menor necesidad de financiación se debe a una conjunción de factores. En primer lugar, a la confianza de los inversores en la economía española, que se refleja en la reducción sostenida de la prima de riesgo y el entorno favorable de tipos de interés; en la gestión más eficiente de la tesorería pública, en segundo lugar; y a la mejora de las finanzas de las comunidades autónomas, permitiendo a algunas de ellas -Andalucía, Baleares, Galicia, Castilla y León y Asturias- acudir al mercado de capitales.
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