El Ministerio de Hacienda se ha comprometido a transferir a Andalucía, Murcia y Valencia recursos procedentes del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para subsanar en parte la crisis de la deuda con las comunidades. Se trata de un parche –Valencia percibirá unos 250 millones– cuya cuantía queda lejos del total de la deuda del Estado con las autonomías –unos 7.000 millones en estos momentos–, pero ayudará a pasar el mal trago a las autonomías que registraron déficit en el ejercicio del 2018.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se comprometió a adelantar los fondos del FLA extraordinario a Valencia –con el que se ayuda a las comunidades a cubrir el déficit– tras la reunión que mantuvo con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en Madrid este lunes. Tras conocerse el acuerdo, diversas comunidades presididas por líderes del PP y también por el PSOE pusieron el grito en el cielo ante lo que consideraron que era una grave discriminación del Gobierno. Ayer la ministra de Hacienda anunció en los pasillos del Congreso que el Gobierno adelantará el dinero del FLA extraordinario a las comunidades a las que les corresponde percibirlo, esto es, Valencia, Murcia y Andalucía. Son las comunidades incumplidoras, que, sin embargo, en estas circunstancias se van a llevar un pequeño premio.
Se da la circunstancia de que a Andalucía no le habría correspondido esta ayuda porque oficialmente cerró el 2018 sin superar el umbral de déficit permitido. Pero posteriormente la Intervención del Estado repasó las cuentas andaluzas y llegó a la conclusión de que sí que traspasó la línea roja del déficit y por esa razón ahora podrá cobrar. Catalunya está a la espera de saber si la Intervención del Estado da por buenas sus cuentas. Si no fuera así el Govern cobraría también el FLA extraordinario, pero, claro, volvería a estar sujeto al mecanismo financiero del Estado del que se desprendió con alegría hace unos meses.
Lo cierto es que por ahora no hay visos de que se llegue a una solución a corto plazo a la crisis de la deuda, más aun, teniendo en cuenta que el fracaso de la investidura obligará a prorrogar los presupuestos del 2018 al 2020, una situación inédita. No obstante, la ministra de Hacienda aseguró que se está buscando una solución para resolver la crisis de la deuda. La ministra aseguró que la solución ha de ser “técnicamente impecable” para evitar un embrollo jurídico para el Estado.
A esta situación se ha llegado después de que la Abogacía del Estado emitiese un informe en el que advertía a Hacienda que no puede pagar los adelantos a cuenta del ejercicio del 2019 estando el en funciones el Gobierno. En total el Ejecutivo adeuda a las comunidades 7.000 millones de euros, de los que 5.000 millones corresponden a las aportaciones a cuenta, y 2.000 millones a la aplicación de la liquidación del IVA.
Powered by WPeMatico