El Gobierno alemán prevé anunciar hoy un ambicioso plan de medidas ambientales que movilizarán más de 40.000 millones de euros con el que aspira a marcar un hito global en la lucha contra la crisis ambiental. La coalición gobernante se ha fijado hoy como fecha límite para presentar un paquete que probablemente incluya una iniciativa de fijación de precios del carbono para limitar el uso de combustibles fósiles en Alemania, donde el Partido de los Verdes está disfrutando de más apoyos, informa Reuters.
El objetivo sería que el país, que ha abrazado la causa de la lucha contra el cambio climático, pueda además cumplir con los compromisos internacionales de reducción de gases de efecto invernadero. El transporte, la agricultura o la vivienda son sólo algunos de los sectores que se verán afectados en la primera economía europea por un abanico de medidas que se prevé que pueda sumar al menos 40.000 millones, según han publicado varios medios. El plan puede ayudar a los conservadores de la canciller Angela Merkel y sus socios socialdemócratas (SPD) a detener el avance de los Verdes, pero corre el riesgo de acumular más presión sobre la industria en un momento en que la economía ya está en recesión.
El punto de referencia clave para juzgar el éxito ambiental del plan será si frena efectivamente las emisiones de dióxido de carbono (CO2) a través de los precios, dice Ottmar Edenhofer, director del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático. «Podría llamarlo un éxito si se pone sobre la mesa una reforma creíble de los precios del CO2. Si sólo tenemos un montón de programas de subsidios, entonces lo llamaría un fracaso», declaró Edenhofer, y agregó que tales iniciativas en general han tenido un impacto climático limitado. Cree que un nuevo precio del CO2 debe desempeñar un papel central en el paquete, y que el Gobierno debe comprometerse a un plan transparente de precios en aumento.
Después de dos años desechando el objetivo de reducción de emisiones autoimpuesto para 2020, el Gobierno ahora está luchando por cumplir con el compromiso asumido con la UE de reducir las emisiones de carbono en un 55% en comparación con los niveles que había en 1990 para 2030.
Con la economía desacelerándose, el Gobierno también se enfrenta a las llamadas de economistas para utilizar el desafío ambiental como una razón para gastar en un gran plan climático después de años de prudencia fiscal. Hasta ahora, se ha resistido a esa presión. Según la propuesta de los conservadores, que probablemente se modifique en la negociación con el SPD, se emitirán certificados que otorguen a los mayoristas de combustibles fósiles el derecho de vender cantidades superiores a un límite equivalente a un volumen de carbono aún por determinar.
Powered by WPeMatico