Representantes de los principales operadores del sector de la distribución en España, como El Corte Inglés, Carrefour, Leroy Merlin, Ikea o Media Markt, han reclamado este martes cambios en la regulación para acabar con las desventajas con las que, a su juicio, operan frente a las plataformas nativas online como Amazon o Alibaba. Entre ellas, el impuesto a las grandes superficies, la limitación de los horarios de apertura o la doble licencia para abrir una tienda de más de 2.500 metros cuadrados.
«Hay profundas desigualdades entre el comercio físico y el online. Nos cuesta más abrir una tienda, tenemos restricciones horarias… Es uno de los temas que el sector tiene que abordar. Tener las mismas reglas y la misma fiscalidad», ha explicado el consejero delegado de Leroy Merlin en España, Ignacio Sánchez-Villares. «Tenemos que hacer compañías éticas. Generar paraísos fiscales no es bueno para nadie, genera desigualdades. “¿Qué modelo de sociedad vamos a construir con piratas internos y externos?», se ha preguntado en la asamblea de la patronal del sector, Anged, celebrada este martes.
En la misma línea se ha pronunciado el director de ecommerce y clientes El Corte Inglés, Ricardo Goizueta. Este ha aseverado que «para nosotros el Black Friday no es una buena noticia. Competimos en desigualdad de condiciones cuando en esa época del año éramos líderes. El mundo es global, y si la regulación no lo es global la administración tendrá que defendernos».
El presidente de Anged, Alfonso Merry del Val, propuesto hasta 11 reformas urgentes «para apuntalar la competitividad en España. Entre ellas, «reforzar la seguridad jurídica y la estabilidad institucional para generar confianza en los actores económicos. Una gestión institucional estable y previsible requiere del compromiso y lealtad de todas las autonomías con el conjunto de la economía española». La legislación comercial depende de cada Comunidad Autónoma, de ahí que unas sí tengan contempladas medidas como la libertad de horarios, como Madrid, y otras no.
El presidente de Anged también reclamó una política presupuestaria «coherente con el ciclo económico y alineada con los compromisos europeos», y «reducir el alto nivel de gasto y deuda pública, para evitar los riesgos de futuras crisis».
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