La Comunidad de Madrid prorrogará los presupuestos de 2019 ante la “incertidumbre generada por la falta de Gobierno central” y la incapacidad de conocer cuál será la previsión de ingresos para 2020. Así lo anunció este martes el consejero de Hacienda y Función pública, Javier Fernñandez-Lasquetty, tras explicar que la convocatoria de elecciones generales el 10 de noviembre alarga la aprobación de nuevos Presupuestos Generales del Estado, lo que hace “inviable” elaborar unas cuentas públicas autonómicas “rigurosas y serias”. Por esa razón, la Comunidad ha decidido “retrasar la aprobación” de los presupuestos madrileños de 2020, tras sostener que “la única base disponible” para diseñar las cuentas públicas es la de 2018.
El Ejecutivo dirigido por Isabel Díaz-Ayuso informó que se retendrán un total de 217 millones de euros a distintas consejerías de la Comunidad para “priorizar el gasto” de las partidas relacionadas con los servicios públicos. Según detalló, estas cantidades se extraerán de partidas o iniciativas “con una baja ejecución” o que directamente no iban a poder ejecutarse antes de que termine el año, como es el caso de la construcción de inmuebles que todavía requieren la tramitación de las licitaciones.
Contempla, además, habilitar crédito por valor de 177 millones de euros, para cubrir gasto que contabilizaba como déficit, con lo que mejorar la tesorería y el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Este año, el objetivo de déficit se sitúa en el 0,1% y se prevé que alcance el equilibrio fiscal (0%) el año que viene, y que la deuda pública se reduzca del 13,8% al 13,3%.
El Gobierno regional volvió a criticar la “inacción y deslealtad” del Ejecutivo central por llevar más de un año sin convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera y por tener bloqueadas 733 millones de euros de entregas a cuenta y otros 504 millones retenidos por el IVA y partidas del Consorcio Regional de transportes, Todo ello suma una retención de 1.237 millones de euros desde el Gobierno nacional, “vitales”, según la Comunidad, para sostener los servicios públicos.
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