España está a la cabeza de la Unión Europea (UE) en descentralización tributaria efectiva. Son datos de la OCDE recopilados por el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo Santiago Lago, en un artículo en Cuadernos de Información Económica de Funcas. La aseveración no es compartida por otros economistas, ni por algunos responsables autonómicos de Hacienda como los de la Generalitat, que creen que esa descentralización es solamente teórica ya que en la práctica la situación es muy distinta.
Según el informe, las autonomías tienen capacidad normativa parcial o total sobre tres de los 11 principales tributos (IRPF, hidrocarburos, matriculación) y capacidad normativa y de gestión sobre otros cuatro (patrimonio, sucesiones, transmisiones y juego). Quedan fuera sociedades, IVA, consumo y electricidad que son potestad exclusiva del Estado.
“La realidad es muy diferente de la que muestran las grandes cifras que manejan los organismos internacionales”, reflexiona la secretaria de Hacienda de la Generalitat, Marta Espasa. Pone como ejemplo la gran cantidad de tributos que han aprobado en los últimos años el Govern y que han sido recurridos al Constitucional por parte del Estado como los medioambientales.
Esa es la principal queja de la Generalitat en relación con la falta de autonomía fiscal de las comunidades en el paquete de tributos propios. Del lado de los tributos cedidos (como IRPF o patrimonio), la queja de Espasa es que pese a tener margen para subir o bajar la tarifa, las comunidades se encuentran muy encorsetadas para modificarlos. Precisamente, en el artículo Santiago Lago defiende que “hay que ‘hacer un ajuste fino’ en la mayoría de tributos cedidos, incluyendo lo que atañe a su gestión; y al menos encajar los tributos propios en el área medioambiental”.
Lago explica que “es un dato” que España lidera la descentralización. “Otra cosa es que la autonomía es mejorable y puede aumentar” ya que -en su opinión– hay “hay margen para mejorar la descentralización tributaria en la línea que defiende la comisión” de expertos. Una prueba de esa autonomía fiscal es la política que desde hace años sigue la Comunidad de Madrid de bajar los impuestos. “Todas (las comunidades) podrían bajar tipos… siempre que sus ciudadanos están dispuestos a dedicar menos dinero a sanidad o educación, como aparentemente prefieren los madrileños…”, recuerda Lago.
El secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, dice que las rebajas fiscales “dependen del color político del gobierno autonómico”, al tiempo que censura que se rebajan impuestos y se pida mejorar en la financiación autonómica al mismo tiempo. Mollinedo cree que cualquier modificación del sistema de financiación debe tener en cuenta la recaudación potencial de cada comunidad y no la real para evitar que las rebajas fiscales de un territorio penalicen a otro.
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