Dos sentencias de los tribunales superiores de Galicia y Baleares comunicadas a la vuelta de vacaciones obligan a Hacienda a conseguir pruebas de los ingresos que pretende gravar y permiten a los jugadores reducir los ingresos que deben declarar a Hacienda restando los gastos de los torneos, de los desplazamientos y hasta de las partidas perdedoras, aunque aún no los asimilan a los profesionales liberales, los empresarios o a los deportistas.
“En la práctica Hacienda acepta un régimen mixto para los jugadores de póquer: no los equipara a los profesionales o deportistas, como pedimos, pero les da un trato diferente al de quien gana un premio en la lotería”, señala Antonia Gomila, abogada del gabinete Gomila Albis.
Su despacho llevó al TSJIB la denuncia de un jugador de póquer profesional que declaró unas ganancias patrimoniales de 35.000 euros en el 2010. Hacienda le abrió una inspección y fijó que en realidad había ingresado 190.000 euros, pero el jugador recurrió alegando que de sus ganancias había de descontar 57.870 euros que pagó para inscribirse en los torneos (los ganados y los perdidos) y los 27.300 euros de sus gastos de desplazamiento, estancia y manutención. El Tribunal ha aceptado este criterio, más amplio que el que aplicaba Hacienda, que sólo permitía descontar las pérdidas de otras partidas. Con todo no los equipara a rendimientos de actividad, “lo que les permitiría deducirse otros gastos, como los informáticos, y compensar las ganancias de unos años con las pérdidas de otros”, recuerda Gomila.
La sentencia del TSJG, por su parte, reconoce además del derecho a deducir los gastos la obligación de Hacienda de acreditar los ingresos. El jugador que recurrió, entonces estudiante, no presentó declaración de la renta del 2010 pese a que la Agencia Tributaria le atribuyó una ganancia de 41.600 euros al ganar torneos en los casinos de Castellón, Lloret de Mar y Sevilla, que entonces se pagaban en efectivo. “Hacienda toma los datos de páginas de internet que publican resultados de torneos y ni los comprueba” -señala Juan Ignacio Doce, abogado del bufete Doce, Diéguez & León que llevó el caso. Los torneos los organizan empresas extranjeras, radicadas a menudo en paraísos fiscales, y el tribunal ha obligado a que el casino ratifique personalmente los pagos.
Doce asegura que Hacienda ha emprendido una persecución contra los jugadores. “Les reclaman fortunas y les embargan todas las cuentas. Y muchos se asustan y renuncian incluso a reclamar. Pagan y se van a vivir a otros países, donde ganar al póquer no se equipara a ganar la lotería y los profesionales tienen un trato más favorable. Y otros, con menos suerte, han acabado arruinados”. Bastantes, además de multas se han enfrentado a causas penales por delito fiscal.
Gomila, ella misma hermana de un conocido jugador de póquer, reconoce que en un alto porcentaje de casos este juego es una ludopatía, pero “es un juego en el que no todo es suerte, y que internacionalmente se está equiparando al ajedrez. Entre los jugadores hay muchos jóvenes de carreras técnicas que se pasan 7 o 8 horas al día delante de un ordenador operando con probabilidades. Y a los que les gustaría que su trabajo les permitiera cotizar a la Seguridad Social, para tener derecho a una vida normal y una pensión, como todo el mundo”.
“El juego es uno de los negocios más controlados y penalizados del mundo” señala un portavoz del Casino de Barcelona. Y en ese control los casinos son la pieza clave: desde hace algo más de una década todos los pagos a los jugadores se realizan mediante transferencia y los casinos cuentan con equipos especializados en el blanqueo de capitales. En España sólo es legal jugar al póquer en los casinos: es ilegal hacerlo incluso en domicilios privados y la policía interviene a menudo en timbas clandestinas organizadas en otros locales.
El casino, para evitar el uso de efectivo, obliga a los jugadores a inscribirse en torneos, aportando una cuota por la que reciben fichas y que se reparte en premios. En los grandes torneos, las cuotas son muy altas.
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