El Banco de España defiende que la futura reforma del sistema de pensiones debe sostenerse sobre dos pilares: sostenibilidad financiera y social y contributividad, predictabilidad y transparencia. En este sentido, considera fundamental contar con mecanismos automáticos que garanticen el equilibrio financiero del sistema y que los beneficiarios reciban información clara y detallada sobre sus obligaciones y derechos dentro del sistema para poder hacer planes con suficiente anticipación.
Como alternativas para reforzar la sostenibilidad del sistema, Arce ha apostado de nuevo por valorar la posibilidad de introducir «ajustes» en la edad efectiva de jubilación, que cifra en el entorno de los 64 años. Recuerda además que varios países de la UE han ligado la edad de jubilación a la esperanza de vida, como Italia, Portugal, Dinamarca y Finlandia.
Además, advierte de que suprimir el tope máximo de cotización, aunque sería una medida con un potencial recaudatorio elevado, podría afectar negativamente al empleo y generaría un aumento del gasto en pensiones a futuro salvo que se mantenga el límite impuesto por la pensión máxima, «en cuyo caso el carácter contributivo del sistema se vería minorado».
Arce cree que el aumento impositivo podría ser una alternativa, teniendo en cuenta que las cotizaciones sociales están por encima de la media de la UE, y que el tamaño de los impuestos indirectos es menor. No obstante, avisa de que esta medida podría afectar a toda la población, incluyendo a los propios pensionistas y tendría implicaciones sobre el carácter contributivo del sistema.
En cuanto al modelo de cuentas nocionales, el Banco de España recoge algunas ventajas (una relación más estrecha entre cotizaciones y pensiones, mayor transparencia en la determinación de los derechos de pensión), pero advierte de que no elimina por sí mismo «la disyuntiva entre la suficiencia y los recursos disponibles del sistema público de pensiones».
«Los retos del envejecimiento deben afrontarse desde una estrategia amplia que incluya el diseño de un plan de consolidación fiscal a largo plazo; avanzar en reformas estructurales que permitan mejorar el empleo y la productividad; articular políticas que favorezcan la participación laboral, y diseñar políticas de inmigración flexibles y acordes con las necesidades del mercado laboral», ha concluido Arce.
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