La gobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, alertó ayer sobre los riesgos para negocio y reputación que pueden llegar a entrañar la existencia de inadecuados estándares de buen gobierno en las entidades financieras. “Las entidades que han superado la crisis financiera, logrando afianzar en muchos casos su posición de partida, así como evitando la materialización del riesgo reputacional, son aquellas que contaban con unos esquemas de gobernanza y compliance sólidos”, refirió durante unas jornadas en la Universidad Complutense sobre Regulación Bancaria.
Delgado reconoció que, aunque la gobernanza no es objetivable ni medible de modo cuantitativo al cien por cien, es necesaria para un buen control de los riesgos. Por ello, indicó que “debe ser fomentada desde lo más alto” de la organización porque afecta al conjunto de su estructura al ser un elemento cultural. Sus declaraciones coinciden en el tiempo con el caso de BBVA y Villarejo, por las presuntas escuchas ilegales a empresarios, periodistas y políticos, o el caso de Orcel y Santander, tras el fichaje frustrado del banquero italiano en el gigante financiero español, a lo que se suma el caso de Banco Popular, primer banco de Europa resuelto y cuyo juicio acaba de comenzar.
La subgobernadora reconoció la dificultad de entender su importancia en ocasiones ya que una gobernanza inadecuada “no siempre tiene consecuencias en el corto plazo, ni tampoco suele afectar inmediatamente al modelo de negocio”. “Todo esto -admitió- dificulta transmitir un sentido de urgencia para alcanzarlo”.
Sin embargo, apuntó que sin un buen esquema de gobernanza “no se pueden gestionar los riesgos ni los conflictos de interés, que se producen a diario en las entidades”. Precisamente para la gestión de estos riesgos refirió que las entidades deben crear una función de control que sea independiente o se correría el riesgo de que sea “anulada o absorbida por la presión del negocio”. “Hemos podido comprobar, lamentablemente, que, sin una adecuada gobernanza, las funciones de control carecen de peso y poder efectivo”, algo que según refirió acaba otorgando a las unidades de negocio “una influencia excesiva; incluso en ocasiones, exclusiva, en la gestión diaria de las entidades”.
Dentro de esta necesidad Delgado consideró además “esencial” que las entidades cuenten con un buen departamento o función de cumplimiento normativo, que solo será adecuado “si cuenta con suficiente independencia, capacidad y recursos”. La subgobernadora lamentó que, desafortunadamente, la importancia de ambos elementos “no se suele observar en épocas expansivas” porque, en ocasiones, “suponen un freno a determinado tipo de negocios en apariencia rentables”.
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