La asociación de inspectores de Hacienda del Estado (IHE) presentó el viernes un documento de propuestas de mejora del control del fraude fiscal como colofón a su XXIX Congreso Anual, centrado este año en la vigilancia de los grandes patrimonios. El colectivo mantiene entre sus reclamaciones algunas peticiones recurrentes, como la posibilidad de actuar de incógnito o poder pagar a confidentes, pero también introduce la necesidad de «potenciar» la colaboración entre comunidades autónomas para evitar engaños como la fijación de una falsa residencia fiscal en las regiones que cobran impuestos más bajos, pero en las que en realidad el contribuyente no habita.
«Es un fenómeno muy importante desde el punto de vista cuantitativo. Muchos contribuyentes deslocalizan su residencia para pagar menos impuestos en otras comunidades», denunció Berta Tomás Vidal, presidenta de la asociación de inspectores, señalando que la batalla por rebajar tributos de algunas regiones ha generado movimientos que tradicionalmente se asociaban a falsos empadronamientos en países vecinos con gravámenes inferiores. El problema, detallan desde el colectivo, es que la autonomía que acoge a un nuevo contribuyente que en realidad no es vecino carece de incentivos para denunciar esta situación, pues está cobrando impuestos de un ciudadano más en el que en realidad luego no invierte gasto público.
Aunque los inspectores de Hacienda matizan que este tipo de denuncias se dan a veces, «en la ley no están previstos mecanismos de colaboración» específicos y la falta de incentivos evita que se promuevan revisiones del censo real de contribuyentes en busca de este fraude, por ejemplo. Aunque la Agencia Tributaria vela por evitar engaños de este tipo, corresponde a los gobiernos autonómicos la competencia de control de algunos tributos cedidos como Patrimonio o Sucesiones y Donaciones, que han sido bonificados prácticamente al 100% en comunidades como Madrid y motivan buena parte de las falsas residencias fiscales.
En paralelo, los inspectores confían en que se les acabe permitiendo bonificar a los denunciantes de fraudes, «como ya se hacía en los años 80», y se les autorice a realizar inspecciones de incógnito, para recabar pruebas antes de que el inicio de una pesquisa oficial ponga al contribuyente investigado en alerta.
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