La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, poco después de llegar al poder, afeó este asunto a su predecesor -que a su juicio pretendía no pagar la partida-, y anunció que buscaba una solución. Poco después, incluyó este apartado en el proyecto de Presupuestos de 2019, que se perfiló el pasado otoño y entró en las Cortes en enero. Las comunidades afrontaron 2019 con la previsión de que iban a recibir los 2.500 millones, que la mayoría incluyó en sus Cuentas.
Esta reivindicación quedó algo oscurecida por la ofensiva que acometieron en verano para que el Fisco pagara las entregas a cuenta, que tras la polémica con los informes de la Abogacía del Estado que primero lo prohibían y luego lo permitieron, se validaran el 11 de octubre. Las comunidades se temían que la intención de Hacienda era no pagar esta partida nunca.
La secretaria de Estado de Hacienda en funciones, Inés Bardón, les había trasladado por carta que en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado se consignó esta partida, pero que «ante la devolución del proyecto de Ley de Presupuestos, no es posible revertir la decisión adoptada en 2017 por el anterior Ejecutivo». Las misivas subrayaban que dichos Presupuestos contenían «medidas de corrección del efecto negativo de la implantación en 2017 del SII» y que «el rechazo del Presupuesto supuso el bloqueo de la iniciativa».
Montero fue más clara tras el Consejo de Ministros del desbloqueo de las entregas a cuenta el 11 de octubre: Para activar la partida, «se necesitaban los Presupuestos de 2019», y dijo que ya advirtió de que «si no se aprobaban, no se podría poner en marcha». Según Montero, esta partida pretendía arreglar el desfase que supuso la aprobación «con nocturnidad y alevosía» del SII por su predecesor.
Fuentes de Hacienda trasladan que esta partida sólo es a su juicio necesaria en 2019, cuando se liquidan los 11 meses de IVA que se ingresaron en 2017, por lo que 2020 volverá a tener 12 meses de IVA y no existirá el problema, que, en todo caso, será del próximo Gobierno.
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