Los casi 1.400 concursos de acreedores presentados en España entre el 1 de julio y el 30 de septiembre convirtieron al trimestre pasado en el tercer trimestre con mayores declaraciones de insolvencia desde el 2014, cuando el país empezaba a salir de la crisis. En medio de las señales y datos que hablan de una desaceleración del crecimiento –como el freno del alza del PIB en el tercer trimestre hasta el 2% o el descenso del 20% en los beneficios del Ibex hasta septiembre–, la evolución de los concursos y las refinanciaciones permiten calibrar el alcance del deterioro de la economía.
“Se observa una tendencia a la subida de las reestructuraciones empresariales y concursos de acreedores, sin que nos encontremos en una situación parecida al 2008, pero con cierta preocupación de cara al 2020 y el 2021”, asegura Josep Perich, socio de reestructuración y nueva financiación de PwC. En los últimos meses, esta firma ha participado en procesos como el de Dia, asesorando a la empresa de distribución, o Duro Felguera, defendiendo los intereses de la banca.
Perich atribuye buena parte de la culpa del auge de las crisis de liquidez de las empresas a la herencia del pasado. “Seguimos teniendo un tejido industrial muy apalancado, con bastantes compañías que se refinanciaron en el pasado y que ahora tienen compromisos que no pueden afrontar”, añade. Eso mismo constata Jordi Castiñeira, socio de KPMG: “Vemos un repunte en los procesos de refinanciación, con empresas que tienen fuertes necesidades de circulante”.
“Las grandes refinanciaciones ya pasaron, ahora tenemos centenares Las compañías que pueden, ya sean grandes, medianas o pequeñas, renegocian con la banca. Hay miles de procedimientos de estas características en marcha y todos los actores implicados –patronales, banca y asesores diversos– coinciden en que están aumentando progresivamente.
En los juzgados mercantiles de Barcelona, por ejemplo, el número de preconcursos de acreedores –un procedimiento pensado para buscar la protección judicial por un máximo de cuatro meses para blindar la empresa mientras se negocia un plan de pagos– ha pasado de 600 en el 2018 a 821 en los diez primeros meses de este año. Las refinanciaciones que buscan la homologación judicial, en cambio, permanecen más estables, pero eso es porque muchas se hacen al margen de los juzgados.
“Las grandes refinanciaciones ya pasaron. Ahora tenemos centenares o miles de ellas, con empresas pequeñas y medianas”, dicen en el departamento de recuperaciones de uno de los grandes bancos del país. El diagnóstico no admite dudas: “Se está evidenciando que hay una mochila de deuda impagable. Da igual que el precio oficial del dinero sea cero. El problema no es el coste, sino el nivel de deuda de muchas compañías”, concluye este directivo.
La banca, apretada por la nueva regulación que le obliga a realizar provisiones –en algunos casos– antes incluso de que haya impagos, tiene poco margen de actuación. Por eso, en muchas ocasiones, juega a todo o nada, cuando hay una reestructuración de por medio. “El dinero nuevo se está condicionando a medidas efectivas de control de gestión y de aplicación de los fondos por parte de terceros que cuentan con la confianza de la banca”, explica Naiara Bueno, socia de Garrigues. Antes, esta praxis sólo se daba con las compañías muy grandes, donde las entidades financieras se jugaban cada una decenas o centenares de millones de euros. Ahora es general.
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