Empresas e inversores están «preocupados» e «inquietos» y están planteando un alud de preguntas a los despachos sobre los cambios laborales que se avecinan con un gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos. Temen una contrarreforma laboral que afecte a los ERE y a las condiciones de trabajo. Así lo trasladan los abogados de Laboral a los que ha preguntado este diario, que también muestran su preocupación por el impacto en el mercado de trabajo de las medidas que defiende la formación de Pablo Iglesias, entre ellas, la derogación de la reforma laboral de Mariano Rajoy de 2012, y también la de José Luis Rodríguez Zapatero de 2010.
Desde que se anunció el preacuerdo el martes, las empresas están analizando e, incluso, decidiendo, adelantar ajustes de plantilla y prejubilaciones, realizar subcontrataciones y frenar la contratación. El parón se debe en algunos casos a que se están aparcando inversiones que iban a suponer más contratos, cuentan los bufetes consultados.
El PSOE ha repetido hasta la saciedad su intención de «derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral», lo que nunca ha quedado claro ni se ha concretado en el año que ha estado en el poder, pero que un gobierno de coalición con Podemos, en el que se está valorando que la formación morada lleve el Ministerio de Trabajo, obligaría a definir y a acercar posturas con un partido que preconiza la derogación sin ambages.
Podemos plantea además en su programa seguir aumentando el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.200 euros al final de la legislatura y mantener la prestación por desempleo hasta el final en el 70% de la base reguladora, sin recortes, y subir las cuantías máximas y mínimas. Promete una jornada de 34 horas y reorganización de los tiempos de trabajo, ocio y cuidados, «poner orden» en la subcontratación y prohibir los contratos temporales de menos de un mes.
Eliminará, asimismo, los topes de cotización, de manera que quienes tengan salarios muy altos coticen más, a lo que se suman otras medidas que, a juicio de los abogados consultados, imposibilitarían la viabilidad del sistema de pensiones. Martín Godino, socio director de Sagardoy, explica que «hay preocupación»: «Partimos de un marco laboral mejorado. Podemos defiende modificaciones en la flexibilidad interna, las condiciones concretas de trabajo (jornada, salario), y externa (contratos y despidos), lo que no hace el PSOE.
Hay preocupación con que vuelva el marco anterior a 2012 y que se haga prácticamente imposible modificar las condiciones laborales y se dificulte mucho el despido», advierte. También constata «mucha preocupación con que se vuelva a la autorización obligatoria de la autoridad laboral en los ERE», cuando cree que «el funcionamiento desde la reforma laboral ha sido muy bueno. Sería un retroceso volver a la intervención política, lo que supondrá un freno a la creación de empleo y un incentivo a la contratación temporal. En estos años, los ERE con acuerdo han sido más del 90%, con lo que se ve que el marco vigente no es irracional y que ha contribuido a solucionar crisis».
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